En un fallo llamativo, la Justicia de Villa María condenó a ocho años de prisión al responsable de la muerte del adolescente de 17 años Pablo Ramírez, registrada en agosto de 2008 en barrio Las Playas.
Lo insólito de la sentencia dictada por la jueza de Control de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad, es que se condenó a pasar ocho años en la cárcel a un joven que, al momento de perpetrar el asesinato, tenía 17 años, es decir, era un menor de edad. En estos casos, por lo general la Justicia investiga el episodio pero al momento de la sentencia no se dicta prisión, y el autor queda a disposición de la jueza de Menores, Cecilia Fernández, quien por lo general ordena la internación en un instituto.
Por causas que todavía no trascendieron (habrá que esperar que se conozcan los fundamentos), la jueza Edith Lezama de Pereyra consideró que Michael Mauricio Rosso, hoy de 19 años, era el autor de "homicidio agravado por uso de arma de fuego" y lo mandó a purgar la pena en la cárcel.
El antecedente más cercano de juzgamiento de alguien que era menor al momento de ocurrir el delito se da en el caso de Francisco Márquez, el fiscal de la Cámara del Crimen que fue baleado en la puerta de su casa en abril de 2008. Semanas atrás, la Cámara del Crimen consideró que uno de los acusados había participado del ataque al reconocido funcionario judicial, pero no le impuso pena alguna porque en ese entonces el chico tenía 17 años, quedando así a disposición de Cecilia Fernández.
Fuentes judiciales consultadas por este diario explicaron que, si bien por lo general no se aplica pena a esta edad, la Justicia de Menores puede dictar condena cuando el rango de edad va de los 16 a los 18, evaluando diversas circunstancias que ameriten ir a la cárcel.
Esto puede darse por la gravedad del suceso, la personalidad del menor que delinque u otras características de similar naturaleza.

Una muerte joven

El hecho que lleva ahora a un penal a Michael Rosso se produjo en la noche del 7 de agosto de 2008, en el populoso barrio Las Playas, de Villa María.
Aquel día, Pablo Maximiliano Ramírez se encontraba en su vivienda particular, en inmediaciones de la intersección de Figueroa Alcorta y Ecuador, cuando dos disparos pusieron fin a sus cortos 17 años. La tragedia enmudeció y consternó a todo el sector y luego a la ciudad, y llevó incluso a la directora de la escuela secundaria en la cual cursaba sus estudios a realizar fuertes declaraciones sobre la violencia y la droga (ver recuadro).
Alrededor de las 20.30 de ese fatídico 7 de agosto, unos gritos convocaron a Pablo a dejar su vivienda para salir a la calle. Cuando apareció en la vereda, recibió dos disparos, que lo hirieron de muerte.
Los balazos salieron de una motocicleta en la que se trasladaban dos personas, una de las cuales resultó ser Rosso, ahora condenado en los Tribunales locales.
Uno de los proyectiles fueron a parar cerca de la nuez de Adán y el otro unos centímetros más abajo. Al lugar del suceso llegó aquella noche el fiscal de Instrucción del Primer Turno, Félix Martínez, quien investigó el sangriento hecho.
Al día siguiente, EL DIARIO adelantó que una de las principales hipótesis que se barajaban al cierre de la edición (a contadas horas del hecho) involucraba a un menor de edad.
Martínez, en tanto, ordenaba diversos allanamientos y medidas para esclarecer el asesinato, que se había llevado una vida joven, la de un chico que estudiaba en el IPEM 56 Rosario Vera Peñaloza y quien ya tenía antecedentes delictivos.
El caso se fue esclareciendo por diversas razones. El arma homicida apareció cuando dos niños jugaban en un terreno baldío, ubicado en la calle Venezuela, entre las calles Uruguay y Ecuador.
Se trató de una escopeta calibre 16, de caño recortado, marca Lemagg, con dos cartuchos percutados.
La escopeta fue a parar a una bolsa de plástico y así la llevaron a la residencia de uno de ellos. Poco después, el dueño de casa convocó a la Policía y les entregó la escopeta.
Días más tarde, cayó Rosso y el círculo comenzó a cerrarse.

El impacto en la escuela que cursaba

El crimen de Pablo Ramírez había impactado duramente en la institución educativa en la que cursaba la secundaria. Días después del hecho, EL DIARIO entrevistó a la directora del IPEM Rosario Vera Peñaloza, Graciela Olmos, quien decía lo siguiente:
"Me preocupa la seguridad de mis alumnos y docentes."
"Pablo había dejado de estudiar para ir a trabajar. La hermana es alumna excelente de esta escuela. Ayer y hoy fuimos a la casa de los padres y no entienden la forma violenta en que se terminó una vida tan joven. Están, lógicamente muy mal, muy conmovidos. La mamá se quiere ir del barrio y nos pidió apoyo para su hija."
"Su muerte atravesó al colegio de una manera muy particular. Los chicos se sienten muy mal. El viernes, los preceptores venían y me comentaban que los alumnos estaban muy angustiados e impactados, al ver cómo se pierde una vida así. Hablé a la Inspección Regional solicitando asistencia psicológica y me dijeron que la vamos a tener. Pero pido que sea a tiempo, ahora."
"Realmente no veo contención social a conductas particulares. Hay talleres en el MuniCerca, pero eso no quiere decir que las personas van a concurrir y se van a formar. Debe haber un trabajo previo. Las asistentes sociales visitan los hogares de los alumnos que comienzan a faltar, le hacen entrevistas... pero más allá de eso no se puede hacer otra cosa de nuestra parte. El Estado, si bien debería hacerlo, no obliga."