“Hay un método secreto
para volver del casino
con una pequeña fortuna:
ir con una gran fortuna…”
(Isidoro Loi, escritor chileno)

La ciudad de Villa María es una de las 17 en la provincia de Córdoba que instaló las máquinas de juego denominadas “slots” o, como son conocidas popularmente, “tragamonedas”; aquí y a diferencia de la mayoría de los municipios, la oferta lúdica se complementa con las instalaciones completas de un casino que suma la posibilidad de apostar dinero en la ruleta o en juegos de cartas y dados.
Lo cierto es que esta iniciativa que se presentó como una alternativa de índole turística no cumple en lo absoluto con su cometido y se ha transformado en una aspiradora de recursos donde el Estado provincial obtiene una importante recaudación ($89,5 millones en 2009 y $105 millones proyectados en 2010); la empresa permisionaria una tajada que más de un león envidiaría y los municipios con un dinerillo que, si bien no es despreciable, suena a demasiado poco si se ponen en la balanza los estragos que genera en su población. Es que el proyecto que se intentó justificar por el lado del turismo tiene una incidencia nula en el aumento de visitantes en la ciudad y por ende también es nulo el beneficio obtenido por el comercio o los servicios locales debido a que los visitantes que puede aportar el complejo de “slots-casino” son escasos y no planifican una estancia en la ciudad; vienen de muy cerca, juegan y se van. Sucede que los centros poblados más importantes de la provincia están saturados con 3.300 de estas máquinas, de las que aún hay pendiente de instalación alrededor de 1.700 más, esto hace que nadie necesite moverse demasiado para jugar y por lo tanto el plan turístico queda descartado de plano.
Lo cierto, dolorosamente cierto, es que los aproximadamente $30 millones que estas máquinas recaudan anualmente en la ciudad no arriban al edificio de calle Hipólito Yrigoyen en manos de personas que recorren la autopista o alguna ruta hasta llegar a la ciudad; ese dinero llega desde los vecinos que transitan en sus motocicletas o bicicletas las cuadras que separan al casino de los barrios villamarienses.
La estadística muestra que, ni siquiera en los centros turísticos más importantes de la provincia, las slots favorezcan el turismo o que el turismo favorezca su facturación. En Carlos Paz la empresa recauda en el mes de mayo la misma cantidad que en enero cuando el turismo duplica la población; nuestra ciudad no escapa a esa realidad, la cual implica que los apostadores son, casi en su totalidad, habitantes de Villa María.
Pero este punto es realmente insignificante comparado a las consecuencias que trae la oferta indiscriminada del juego; el daño al tejido social medio-bajo es muy grave, los casos de ludopatía son cada vez mayores y si a eso sumamos la profusión de actividades de dudosa reputación, como la usura, tenemos como resultado una combinación nociva, dañosa y muy perjudicial, no sólo para el individuo afectado, también para sus familias y, por ende, para la sociedad toda.
Así, vemos con preocupación los casos de personas empobrecidas por la adicción al juego, la que suele empalmarse con adicciones de otro orden; los de aquellas personas que en el límite de la desesperación por la pérdida de su dinero toman decisiones extremas, como matar, matarse, robar o prostituirse y toda la degradación a la que se somete aquél que cae bajo las garras de una enfermedad adictiva.
No hablamos de prohibir nada, somos profundamente democráticos y creemos absolutamente en respetar las libertades, aún aquellas que habilitan a llevar adelante conductas que no compartimos como jugar; pero creemos que el Estado debe cumplir un rol protector de la ciudadanía y no debe estar ausente de este problema que también debe involucrar a todos los sectores de la sociedad que se preocupen por el futuro de la misma.
Se dice que es muy difícil intervenir en este problema porque la instalación de estas máquinas está amparada por leyes provinciales y no es factible desde el municipio modificar las pautas de funcionamiento del casino. Nosotros humildemente creemos que no puede haber ley alguna que cercene el derecho inalienable que tiene una comunidad para decidir sobre lo que ocurre en su seno y si Villa María es sitio de instalación de máquinas tragamonedas, pues debe ser potestad mínima de los villamarienses poder regular sus condiciones de funcionamiento en pos de impedir que se siga sumiendo en la indignidad a muchas personas de su sociedad.
Hay varias maneras de poner límites a la actividad, como el horario de funcionamiento en los días de semana, los montos mínimos y máximos de apuestas por máquina, la posibilidad de instalar dentro de las salas de juego y al lado de cada tragamonedas recordatorios sobre los daños que causa esta adicción (se hace con los envases de cigarrillos, ¿cómo no hacerlo con esto?). No basta que el dinero que se recibe por regalías se destine al tratamiento de los adictos (esto último hasta resulta una paradoja demasiado cruel), porque muy pocos se someten al mismo y porque cuando se llega a reconocer la adicción ya se ha causado un daño muy grande que estos tratamientos difícilmente puedan reparar.
Entendemos que el reclamo debe ser llevado adelante hasta las últimas consecuencias, dentro del terreno de lo que la ley y la constitución permitan; pero para eso hace falta el compromiso de muchos empezando por el Estado municipal, pero acompañado por los diferentes actores institucionales de la ciudad quienes entiendan esta situación como problemática.
No nos tomamos al juego como un tema menor y creemos que debe ser abordado con la seriedad y preocupación que merece.
Gustavo Bustamante
Precandidato a intendente UCR