Ayer, en los Tribunales de 14 provincias argentinas, representantes del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy hicieron una presentación judicial pidiendo un hábeas corpus preventivo.
“Esto significa que si eventualmente, alguna de las mujeres que suscribimos el pedido, debemos hacernos un aborto no seríamos penalizadas”, explicó Carola Marchisio, integrante del Colectivo en Villa María.
“Más que nada, es una acción para generar el debate y la reflexión en el país”, explicó Marchisio.
“Nosotros vemos que las estadísticas son claras: así como están las cosas, se hacen abortos en todo el país y las más pobres exponen su vida, porque no pueden acceder a servicios profesionales y lo hacen de manera casera”, señaló.
Por otra parte, asegura que en los países donde está despenalizado “no se ha incrementado el número de interrupciones voluntarias de embarazo”.
En esta ciudad, fueron 53 las mujeres que suscribieron el hábeas corpus, que fue presentado ayer ante la jueza de Control Edith Lezama.
“La magistrada tiene 48 horas para responder si acepta el hábeas corpus o lo rechaza”, indicó Marchisio. “De allí en más y según sea la decisión de los jueces de Villa María como de todo el país, veremos cómo seguimos adelante en esta lucha. Nuestro objetivo es que se declare inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo y, consecuentemente, autorice esta práctica en condiciones de seguridad, gratuidad y plena legalidad”, aseguró.
El pedido ante la Justicia fue suscripto, entre otras, por la diputada nacional Cecilia Merchán.
En un comunicado, Las Juanas Villa María indicaron que las letradas de la organización “basaron su presentación en una serie de datos de reconocidos organismos nacionales internacionales. Los estudios indican que, además de practicarse 460 mil abortos clandestinos por año en Argentina, cada una de las mujeres de nuestro país interrumpe voluntariamente su embarazo, al menos, en dos oportunidades durante su vida fértil. Más de 78 mil de estas mujeres recurren a los servicios de salud por complicaciones de las prácticas riesgosas para su integridad física y decenas pierden su vida ante el riesgo de ser criminalizadas por esa práctica”.
Agregan que “las cientos de mujeres que suscribimos la presentación judicial, no nos consideramos delincuentes y no queremos ser tratadas como tales, en el supuesto caso de necesitar una interrupción voluntaria del embarazo. Por esta razón el cuerpo legal del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy demostró que la penalización del aborto resulta incompatible con la propia Constitución Nacional y los derechos humanos que ella consagra; y que ni siquiera existe una razón valedera desde la teoría penal como para justificar el castigo de una práctica cotidiana que llevan adelante miles de mujeres bajo el riesgo de ser criminalizadas”.
Finalmente, informaron que piden al Congreso de la Nación para que proceda a compatibilizar la totalidad de la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos con las fórmulas de una legislación penal absolutamente perimida.

La Universidad de La Plata, apoya

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) aprobó ayer por amplia mayoría una declaración a favor de la despenalización del aborto y se pronunció a favor de las políticas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados.
La declaración a favor del aborto fue aprobada por 51 consejeros, dos votaron en contra y tres se abstuvieron.