Se trata de Jorge Pereyra, quien alcanzó notoriedad pública en octubre de 2005 cuando fue juzgado por un sonado caso de robo y violación, aunque terminó absuelto “por falta de pruebas”. Los dos estaban implicados en un asalto ocurrido en Villa Nueva

La camarista Silvia Saslavsky de Camandone condenó ayer a dos individuos que llegaron a juicio acusados de haber intervenido en un asalto, pero como ninguno fue reconocido por las víctimas, el hecho más grave quedó sin efecto y fueron sancionados por otros delitos.
Jorge Luis Pereyra, alias “Lauchón”, de 44 años de edad, fue declarado autor de “tenencia de arma de guerra”, “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” y “encubrimiento”, y se le aplicó una pena de tres años de prisión efectiva. Sin embargo, como hace menos de un mes fue sentenciado por la Justicia Federal en relación a una causa de drogas, se unificaron ambas condenas y se aplicó una única sanción de seis años de cárcel.
En tanto, Luis Alberto Cáceres, apodado “Teté”, de 33 años, fue declarado autor de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” y “encubrimiento reiterado”, y le impusieron una pena de dos años de prisión, con declaración de reincidencia.

Un audaz asalto

Los dos sujetos volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados de la Cámara del Crimen local por su presunta participación en un asalto cometido en horas de la noche del 8 de setiembre de 2009, en Villa Nueva, cuando tres sujetos armados irrumpieron en el domicilio particular de una conocida comerciante villamariense.
El hecho en cuestión damnificó a Susana Boiero y a su hija Luciana Bulgevich, de 21 años, quienes fueron asaltadas en su casa de Lago Mascardi 180, en barrio Golf de la vecina ciudad.
Boiero, propietaria del conocido negocio “La Casita de Susana”, fue despojada de 20 mil dólares en efectivo, dos aparatos de comunicaciones Nextel y un teléfono celular Samsung. Previo a ello, los delincuentes maniataron a madre e hija y las encerraron en el baño, y luego revolvieron toda la casa en busca de dinero y objetos de valor.
Los tres suejtos actuaron a cara descubierta y dos de ellos portaban armas de fuego.

Sin denuncia

Pese a la gravedad del hecho y por razones desconocidas, Boiero no formuló la denuncia correspondiente y la Policía se enteró de lo sucedido nueve días después (el día 17), a raíz de un llamado telefónico anónimo que alertó a los investigadores sobre el audaz robo y las identidades de dos de los supuestos autores.
Cuando el personal policial entrevistó a la comerciante, ésta admitió que había sido asaltada, con lo cual el fiscal de Instrucción Félix Martínez inició una rápida pesquisa que pocas horas después posibilitó la detención de los sospechosos en sus respectivos domicilios.
Así, el 18 de setiembre de 2009, con sendas órdenes de allanamiento expedidas por la Justicia, los efectivos policiales comisionados por el fiscal requisaron los domicilios de Cáceres (en barrio Las Playas) y Pereyra (en el San Martín), y procedieron a la detención de ambos sujetos.
En la vivienda del primero, sita en Panamá y Ecuador, se secuestraron un pistolón calibre 36 y un celular marca Samsung, que luego se determinó era propiedad de las víctimas del asalto, mientras que en la casa de Pereyra, ubicada en Gorriti 480, se encontraron tres armas de fuego y una importante cantidad de drogas.
En efecto, los policías secuestraron una pistola 9 milímetros marca Taurus, un revólver Smith & Wesson 38 Special y un pistolón calibre 36 similar al incautado en el hogar de Cáceres. Asimismo, se halló un paquete que contenía 1,700 kilo de cocaína, por lo que también se dio intervención a la Justicia Federal de Villa María.

La pena anterior

Por la droga que tenía en su poder, Pereyra fue juzgado el 14 de setiembre del corriente año por el cual el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, que le impuso una condena de cuatro años y dos meses de prisión por “almacenamiento de estupefacientes”.
Esa sanción penal fue la que, en la víspera, se unificó con la aplicada por la jueza Saslavsky en relación a los otros delitos que se le atribuían.
De todos modos, la de ayer fue la primera condena de cumplimiento efectivo que se le impone a Pereyra, por lo que podrá acceder al beneficio de la “libertad condicional” cuando complete las dos terceras partes de la pena unificada.
Es decir que, si observa buena conducta durante el período de detención, podrá dejar la cárcel de barrio Belgrano cuando cumpla cuatro de los seis años que le asignaron en la víspera. Y como lleva poco más de un año “a la sombra”, estará en situación legal de alcanzar la condicional el 18 de setiembre de 2013.
En cambio Cáceres deberá cumplir un año y medio de los dos que le impusieron, ya que podrá acceder al beneficio de la “libertad asistida” cuando falten seis meses para el cumplimiento total de la pena. Y como -al igual que Pereyra- también está detenido desde el 18 de setiembre de 2009, podrá dejar el penal villamariense el 18 de marzo de 2011.

Hace cinco años

Cabe señalar que Jorge Pereyra se hizo públicamente conocido en octubre de 2005, cuando en la Cámara del Crimen de Villa María se ventiló un sonado caso de robo y abuso sexual perpetrado por tres delincuentes en un campo de la zona rural de Tío Pujio.
En aquel grave suceso, cometido la noche del 4 de febrero de 2004, tres delincuentes asaltaron a un matrimonio a poco de que arribara a su casa, y durante el violento ataque dos de ellos violaron reiteradamente a la mujer.
El “Lauchón” Pereyra llegó a aquel juicio acusado de haber participaron en el robo y el abuso sexual junto a Néstor “Chachán” Guzmán y Claudio “Caíto” Deheza, pero durante las audiencias de debate que demandó el proceso no se obtuvieron elementos probatorios contundentes como para condenarlo.
Así, el 11 de octubre de 2005, y a pedido del propio fiscal de Cámara, Pereyra fue absuelto “por falta de pruebas” y recuperó la libertad.

Otros detalles

Durante el juicio oral y público de ayer, tanto Cáceres como Pereyra confesaron todos los hechos, menos el asalto a Boiero y su hija. Y como en una rueda de presos ninguno de los dos fue reconocido por las víctimas, se cayó la imputación del “robo calificado”, no así los otros delitos que se le endilgaban a partir de las armas y otros elementos secuestrados en sus respectivas viviendas.
Además de la jueza Saslavsky, intervinieron en el proceso el fiscal Francisco Márquez y los abogados Eduardo Luis Rodríguez (defensor de Cáceres) y Julio César Liviero (patrocinó a Pereyra), mientras que la secretaria actuante fue Gabriela Sanz.