Un vecino de General Deheza pone en cuestión y reflexiona sobre la libre contratación y la distribución de la riqueza:
“Palabras que aplicadas como principales objetivos políticos del conservatorio criollo en nuestra Argentina causaron permanentes atentados contra nuestra justicia social durante cientos de años, estas políticas también fueron defendidas por grupos del poder económico que se enrolan en partidos cuyos objetivos políticos son otros, con la llegada del general Juan Domingo Perón a la Presidencia de la Nación en 1946, la libre contratación pasó a ser una mala palabra para el peronismo en casi todo el ámbito laboral, digo casi, porque hubo excepciones como, por ejemplo, en el área del transporte automotor de cargas de cereal y oleaginosas manejadas desde siempre por el poder económico.
En 1946 nace el Centro de Transporte de General Deheza, y después de prestar servicio durante muchos años, cierra sus puertas parcialmente, hasta que en 1970 son reabiertas por un grupo de jóvenes transportistas nucleados en Fecotac, decididos a conseguir una ley y su reglamentación que los incluya en el crecimiento económico y social del país. Demás está decir que hubo que manejarse con mucho cuidado hasta 1983, por la situación imperante y por todos conocida. Con la reinstauración de la democracia nacieron las tratativas logrando los objetivos en 1985, dictando la provincia de Córdoba la Ley de Transporte con su reglamentación número 1224, siendo unos adelantados en el tema por esa época, pero todo se termina el 1 de abril de 1991, porque a la ley de convertibilidad se le agrega la ley de libre contratación, una ley antiperonista que lleva 19 años sostenida por todos los gobiernos justicialistas, pero en ésta no están sólo los justicialistas, salvo algún intendente, no conozco ningún representante del pueblo a nivel municipal, provincial, nacional, de cualquier partido, sindicalistas y periodistas que cuestionen dicha ley. Reflexionando ante esta actitud masiva tengo la sensación de que el poder económico en contubernio con el poder político son socios en el manejo de subsidios, regalías, excepciones de impuestos municipales, provinciales, nacionales y toda prebenda a costa del gasto público, sometiendo a todo el mundo de una forma u otra, inclusive la de mantener un humilde trabajo, si es así, esto va a seguir para siempre. Hoy, a pesar de la pensada ‘apatía’ de los políticos cordobeses, que se ha convertido en violencia por el deber no cumplido, seguimos solicitando la reglamentación de la Ley Nacional de Transporte 24.653 para la provincia de Córdoba.
Por último, nuestra señora presidenta hace un comentario sobre un mandato constitucional que trata de la distribución equitativa de las riquezas que se generan, y estoy totalmente de acuerdo, pero le recuerdo, porque lo sabe, que para el transportista la única forma de distribuir riquezas es distribuir el trabajo.”

Osvaldo Ribetto