Legisladora
Quiero expresar mi inquietud y preocupación por el criterio utilizado por el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, para la distribución de las mil viviendas que le fueron asignadas: 800 para la ciudad capital y 200 para Río Cuarto.
Con esta actitud, el gobernador excluye al resto de los municipios y comunas de la provincia de Córdoba, aún conociendo la aguda situación que se arrastra ante el déficit existente.
Como legisladora por Córdoba, ya expresé mi preocupación sobre la ausencia de programas de construcción de viviendas en el territorio cordobés, sobre la aplicación presupuestaria de los fondos del recupero de cuotas y sobre los ingresos del Fonavi, sobre el cual presenté un proyecto de ley solicitando la derogación parcial de la ley 25.570, con el objetivo de dejar sin efecto la libre disponibilidad de uso, por parte de las provincias, de los recursos transferidos por el Fondo Nacional de la Vivienda. Asimismo, en su momento afirmé que consideraba absurdo e inconveniente el distanciamiento institucional entre el Gobierno de la Nación y el de Córdoba puesto de manifiesto a partir del denominado conflicto por la Resolución 125, advirtiendo que podría traer aparejado atrasos en los convenios de obras.
La provincia de Córdoba requiere -de la misma forma que se le pide a la Nación- establecer un marco de gobernabilidad que no torne abstractas las decisiones y acuerdos alcanzados entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales, sobre todo en un tema tan sensible como es la distribución equitativa de viviendas.
Por haber sido intendenta de Villa María, entiendo la preocupación de los jefes comunales que -sin obtener respuestas desde hace tres años- ahora tendrán que invocar ante su pueblo motivos que desconocen sobre la nueva distribución de mil viviendas sólo para dos ciudades.

Nora Bedano,diputada nacional

Industriales
Ante diversas manifestaciones expresadas en los últimos días a raíz del fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el denominado “impuesto a la valija”, la Unión Industrial ratifica su defensa por el respeto a la institucionalidad y el orden jurídico.
En los últimos años se les han delegado a municipios y provincias ciertas funciones que no se vieron acompañadas por una redistribución de ingresos que atendiera esas nuevas necesidades. Esta situación llevó a los municipios a utilizar toda su imaginación en la concepción e instrumentación de nuevas vías de financiación, que desde el punto de vista jurídico necesitan un análisis en cuanto a su legitimidad.
Por tal motivo, la entidad ratifica su posición sobre la necesidad de realizar una incisiva acción tendiente a lograr que se instrumente la tan ansiada armonización tributaria de fundamental importancia para el desarrollo del país, bloqueando a los sectores interesados que han pretendido instalar una inexactitud con respecto a la posición de la Corte Suprema de Justicia y la última decisión del Tribunal Superior de Justicia, distorsionándola bajo la falacia de que se ha convalidado la continuidad de este impuesto.
Ante el fallo del máximo Tribunal de Justicia del país no se puede pretender que los municipios y comunas incurran en búsqueda de fondos desmedidos e ilegales que comprometen a futuras administraciones...
En el resolutorio del Tribunal Superior de Justicia se acató el fallo de la Corte Suprema y dio cumplimiento declarando la inconstitucionalidad de la normativa municipal, criterio que seguramente será sostenido en futuros fallos.
La Corte Suprema dijo: “No es ocioso recordar que si bien la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas (Fallos: 25:364)”.
Bregamos por una simplificación impositiva, que avance sobre la unificación de criterios que contribuyan a una solución integral y que no incremente la presión tributaria agregada que afecta los niveles de competitividad de la economía de nuestra provincia y el país.

Unión Industrial Córdoba

Diversidad
El proyecto de ley de la presidenta Cristina Fernández, cambiando el carácter del 12 de Octubre, por el de “Día de la Diversidad Cultural Americana” -entre otras acertadas medidas de la nueva agenda de feriados que fomenten el turismo interno y externo y por tanto el incremento del empleo y la actividad económica y social- representa no sólo un gesto de reconocimiento a los pueblos originarios y a la indispensable convivencia pacífica y armoniosa con las demás etnias que poblaron nuestra región, sino también un avance cultural que rompe con esquemas racistas y elitistas que presuponían la antigua designación de Día de la Raza...
Cada persona y cada colectividad tienen pleno derecho a que su cultura, sus costumbres, sus idiomas, sus ancestrales modales, sean respetadas tanto por las otras persona, como por las otras colectividades diferentes y esencialmente por las autoridades que deben garantizar con su ejemplo y con legislación apropiada la vigencia de tales valores humanos indelegables e imprescriptibles.
Vemos cómo la inexistencia hasta hoy de esta cultura nacional permisiva y respetuosa ha facilitado la violencia étnica, el despojo no sólo de sus tierras y sus costumbres, su exterminio planificado, sino el desprecio a las minoría sobrevivientes, condenadas a la pobreza y al aislamiento.
Visto desde esa perspectiva, la decisión gubernamental resulta un primer paso de una trascendencia revolucionaria, destinado a seguir instalando justicia y equidad, respeto y consideración, espíritu de convivencia armoniosa y progresista, lo que no excluye los climas conflictivos para resolverlo como todo acto donde para darle a unos se les debe restar a los otros...
Y se inscribe, también, en el proceso de cambios integracionistas que se vienen produciendo... en todo nuestro subcontinente americano.

Encuentro en Defensa del Proyecto Nacional