D. A. M. tiene 22 años y hace poco más de cinco vivió una experiencia que lo marcó a fuego: tuvo la primera relación sexual de su vida en circunstancias sumamente traumáticas para él. Y pese a que el abuso fue denunciado minutos después de ocurrido, la investigación judicial se demoró cinco días y aún hoy está pendiente de resolución.
Un par de semanas atrás, D. se comunicó con EL DIARIO para solicitar que se le permita reclamar públicamente a la Justicia villamariense por la excesiva demora en la tramitación de la causa que se le sigue al comunicador Javier Alberto Arenas, pero que desde hace más de dos años está virtualmente paralizada.

“Que lo juzguen”

“Necesito decirle al fiscal que avance en la investigación y que, de una vez por todas, Arenas vaya a juicio para que allí se determine si es culpable o inocente”, anticipó el joven villanovense al expresar los motivos de su requerimiento a este matutino. Asimismo, pidió que se lo identifique sólo con sus iniciales para preservar “aunque sea un poquito” su intimidad: “Creo que con poner la cara alcanza”, agregó.
Junto a su madre Miriam, el denunciante repasó algunos detalles del caso que aún hoy lo perturba y respondió cada una de las preguntas que se le formularon.
Los aspectos salientes de esa entrevista son los siguientes...
- ¿Por qué decidiste tan firmemente venir a EL DIARIO y poner la cara para plantear esta cuestión?
- Porque pasaron más de cinco años y nunca ocurrió nada. No se hizo justicia y estoy esperando que esta causa se resuelva. Además me siento mal... casi no como, bajé mucho de peso y cuando me pongo a pensar en lo que sucedió aquella tarde, me angustio muchísimo. Si yo le hubiera pegado para evitar que me hiciera eso, todavía estoy “guardado”.
- ¿Qué pensás hacer, entonces?
- Voy a seguir luchando hasta que se haga justicia. Por eso decidí venir a EL DIARIO por mi cuenta, porque en Tribunales no hacen nada y a lo mejor con esta nota se deciden a mover la cosa.
- ¿Estás buscando dinero?
- ¡No! Sólo quiero justicia... nada más. Los abogados de él quisieron darnos plata para arreglar la cosa, pero yo no quise.
- La causa está en manos del fiscal Daniel Del Vö. ¿Qué le pedís a él?
- Que haga justicia, porque hace mucho que estoy esperando. También le pediría que se ponga en mi lugar y piense si le pasa algo así a un hijo de él. Seguramente ya habría sido condenado el autor del hecho.
- ¿Y por qué crees que no se hizo justicia?
- No sé... pero algo debe haber pasado. Por mi parte está todo dicho: cada vez que declaré siempre dije lo mismo, acá y en Córdoba. ¡No sé qué más necesitan! ¿Quieren que vaya a declarar de nuevo? Voy y listo, no tengo problema. Yo jamás mentí.
- ¿Quiere decir que, aún habiendo pasado más de cinco años, hoy te acordás con absoluta claridad lo que pasó aquella tarde?
- Todo, todo... a qué hora fue, qué me hizo este degenerado... y con detalles de lo que pasó.
- ¿Vos creés que la Justicia está protegiendo a Arenas?
- Para mí sí... y si no que me demuestren lo contrario llevándolo a juicio.
- Y usted Miriam, ¿qué piensa de esta demora?
- No sé qué pasó, pero no puede ser que un caso como éste quede impune. Lo único que quiero es que se haga justicia Y voy a luchar hasta las últimas consecuencias por mi hijo (llora).

Las lágrimas de la mujer imponen una pausa, mientras los ojos de D. se humedecen por la angustia acumulada. Pero él se contiene, le aflora el hombrecito que lo habita y sigue hilvanando su reclamo de justicia.
Ya repuesta, Miriam recuerda que su hijo es un “chico especial” que padece un retraso madurativo y que, precisamente por esa misma razón, el caso es mucho más grave porque al momento del abuso sexual no tuvo discernimiento ni decisión para evitar que el comunicador cumpliera su cometido.
Y sobre el final de la charla, D. dispara sus cañones.
- Después de tanto tiempo, ¿qué sentís por Arenas?
- Odio... odio y asco por todo lo que me hizo. Con decirte que tengo amigos gay, pero son mejores personas que él. Y me da mucha bronca escucharlo por radio todos los días como si nada hubiera pasado. ¡Es vergonzoso!

Hace 63 meses

El jueves 28 de julio de 2005, alrededor de las 16.30, D. se reencontró con su madre en la esquina de Catamarca y José Ingenieros y, entre sollozos, le comunicó que había sido abusado en la casa de Arenas, quien lo había citado una hora y media antes para hacerle una entrevista por tratarse de un joven árbitro de fútbol.
Conmovida por lo que su hijo le acababa de contar, Miriam tampoco dudó y desde el lugar donde lo recogió se dirigió directamente a la Comisaría de Distrito para denunciar el hecho.
En la Policía, un sumariante le tomó declaración a la mamá y luego hizo lo propio con la presunta víctima del abuso. También se dio intervención al médico policial, quien revisó a D. en otra sala.
A la mañana siguiente fueron a Tribunales. Allí, y ante el fiscal Gustavo Atienza y el secretario Guillermo Picco, primero declaró la mujer y luego, un poco más extensamente, el menor.
El lunes 1 de agosto, un periodista de EL DIARIO se comunicó con el fiscal para consultarlo sobre el caso del comunicador, a lo que el funcionario reclamó que no se publicara nada para “no entorpecer la investigación”. Al día siguiente, alrededor de las tres de la tarde y con la orden judicial de por medio, se allanó la casa de Arenas y se procedió a su detención.
Habían pasado exactamente cinco días desde la denuncia.

El marco legal

Arenas está imputado como presunto autor de “abuso sexual agravado”, a tenor de lo establecido por el artículo 119, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación.
Dicha norma legal establece que “la pena será de cuatro a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”.
Como el mínimo de la pena es superior a tres años de prisión, se trata de un delito no excarcelable. Sin embargo, Arenas recuperó la libertad luego de permanecer detenido dos semanas.
Al referirse a la medida procesal adoptada en aquella oportunidad, el fiscal Atienza dijo que su resolución estaba fundada en el “principio de inocencia” que consagran la Constitución Nacional, la Constitución de Córdoba y el Pacto de San José de Costa Rica, y aclaró que, de acuerdo al Código Procesal Penal de la provincia, “la prisión preventiva es la excepción, por lo que la libertad debe ser la regla”.
Unas semanas después, la causa pasó a manos del fiscal Del Vö.