“No era el municipio el que realizaba la actividad en el gimnasio. No fomentaba ni registraba, de ninguna manera, esas clases. El espacio en que se llevaban a cabo había sido cedido en comodato” a Hugo Aballay. Esa es la explicación central que brindó el asesor letrado de la Municipalidad de Villa María, Luis Rey, sobre la responsabilidad oficial en el caso José Amaya, ayer al ser abordado por EL DIARIO.
José concurría a clases al Salón de los Deportes, dictadas por Aballay, y en enero de 2000 realizó una doble mortal que le produjo un grave daño en la columna, que lo llevó a transitar por un largo drama personal. El y su familia accionaron contra el Gobierno y el profesor de yudo Aballay, y la Justicia ya les dio la razón en dos oportunidades.
No obstante, el municipio considera que no tiene responsabilidad en el tema e interpuso un recurso de casación, que está en análisis en el Poder Judicial de Villa María. El expediente podría ser girado luego al Tribunal Superior de Justicia para que resuelva la espinosa cuestión, que ya lleva nada menos que una década. Recientemente, en un reportaje que concedió a este matutino, José dijo que se accidentó siendo un niño y que el municipio nunca lo ayudó.

s Postura oficial

“La Municipalidad no tiene ningún tipo de responsabilidad. Les corresponde asumirlas a quien tenía a cargo el gimnasio y a la víctima, que realizó una destreza física a espaldas y a escondidas del profesor”, sostuvo ayer Rey.
Si bien en el fallo de primera instancia la jueza Cristina Bonadero de Barberis también otorgó un cierto grado de responsabilidad al joven, que en ese entonces tenía 16 años, para Rey “no lo hizo en el porcentaje y grado que debería ser”.
Cuando EL DIARIO le señaló que en el expediente hay testimonios que indican que el grupo de Aballay había representado a la comuna en algunas competencias, Rey dijo que no lo tiene presente y remarcó: “Hay pruebas y testimonios de que la inscripción y el pago se hacían con Aballay”.
En la sentencia, la magistrada apunta que el espacio en que se produjo el suceso está bajo la órbita municipal, por lo que el Estado tiene responsabilidad (al menos indirecta). Ante esto, el asesor letrado del Gobierno expresó que “desde nuestro modo de ver, no es así”. “Sentaría un precedente, el propietario pasaría a ser responsable de lo que hace el comodatario. Uno no puede responder por el uso que haga el comodatario”, consideró.
El funcionario advirtió que no habla de “fallas” de la Justicia sino que “son distintos criterios de interpretación de la norma y del hecho”.
“Desconozco cuál será la decisión final, pero esperamos a que se haga lugar a nuestra postura”, manifestó.
Ante otra pregunta de este matutino, reveló que “hemos estado conversando en su oportunidad sobre un acuerdo extra judicial pero las pretensiones (de los Amaya) son elevadas”.

En estudio

El caso se encuentra en los Tribunales locales, donde se estudia la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el municipio y también por Aballay. Si se los admite, el expediente irá al máximo órgano judicial de la provincia.
El 3 de agosto de 2005 la jueza Bonadero de Barberis condenó al Estado local y a Aballay a pagar distintos montos en concepto de “daño emergente”, “pérdida de chance para el menor”, “daño moral” y “lucro cesante, pasado y futuro” a favor de la madre de Amaya.
Para la magistrada, “el poder municipal podía y debía controlar las actividades deportivas que allí se realizaban, en ejercicio de su poder de policía”.
No obstante, también responsabilizó al joven por su pirueta y de hecho le redujo a la mitad el monto de la indemnización que fijó.