El desalojo de las familias bolivianas que viven en un predio cortadero de ladrillos, por parte de Domingo Carbonetti, se postergará seis meses, aparentemente por la propia "benevolencia" del legislador de Unión por Córdoba. Aunque todavía resta que quede por escrito.
Todo indica que el hombre fuerte del delasotismo levantó el teléfono y le dijo al juez Víctor Cemborain que accedería a darles una prórroga de seis meses a los ladrilleros para que se busquen otra ubicación.
Al menos así está planteada la estrategia, ya que el sábado por la noche la intendenta de Bell Ville y esposa de Carbonetti, Carmen Ceballos, le envió una señal al abogado de los ladrilleros a través del canal local de televisión. “Ellos deberían pedir una prórroga a través de su abogado y, por supuesto, que no vamos a estar en contra como propietarios, mi marido y yo”, dijo la jefa de Gobierno municipal.
La Justicia de Córdoba hizo llegar el oficio el lunes por la mañana a primera hora, al predio de España y acceso sur de la ciudad, suspendiendo la orden de desalojo y la medida de no innovar que les impedía continuar trabajando a los ladrilleros.
Y el mismo lunes por la mañana, el propio Carbonetti se presentó en los estudios de FM 2000 solicitando una entrevista en vivo. “Estuve hablando el sábado con el abogado de las familias bolivianas, que me dijo que necesitaban tres meses de prórroga porque los quiere reubicar en un terreno de Morrison, que es de su propiedad”, dijo el legislador al aire, en el estudio de la radio. Y agregó: “Hemos decidido redoblar la apuesta y le vamos a dar seis meses de prórroga para que puedan reubicarse”, dejando en claro el origen de la medida.

@ La defensa

Sin embargo, el abogado aludido, Emerson Sampietro, quien ventiló las partes del expediente en donde se demostraba el multifacético rol de Carbonetti que publicara el diario cordobés Día a Día, aseguró que jamás habló con Carbonetti ni mucho menos ofreció un predio que no es de su propiedad.
“Yo nunca hablé con él ni le podría haber ofrecido un predio que no es mío, sino de mi madre. Le diría a Carbonetti que por favor chequee sus llamados telefónicos porque no fui yo el que habló”, dijo en tono irónico Sampietro, definiendo como “maniobra” lo que intenta hacer el legislador para quitarse de encima la presión social.
No obstante, admitió que la prórroga quita cierta presión a la que eran sometidas las familias a punto de ser desalojadas. “Con esta decisión cambia definitivamente la estrategia a seguir”, admitió Sampietro, aunque aclaró que el plazo de seis meses “no está por escrito”.

@ Apoyo social

Este capítulo incluye lo sucedido el fin de semana, cuando unos 200 vecinos se movilizaron hacia el predio en disputa, llevando su solidaridad a la familia de los ladrilleros. Esto se sumó a una presentación de firmas suscribiendo una carta que fue enviada a la Intendencia pidiendo el freno al desalojo. “Ha sido muy importante el apoyo de los vecinos”, agradeció José Ríos, referente de las familias en riesgo.