El Concejo Deliberante de Villa Nueva aprobó ayer una ordenanza que prohíbe el establecimiento de whiskerías, boites, cabarets y locales similares en toda la jurisdicción de Villa Nueva, en una cruzada contra la prostitución y la explotación sexual.
La iniciativa había surgido de la concejala del radicalismo Sandra Bailone, aunque previamente existía un proyecto del bloque oficialista con matices diferentes, que había quedado dormido en el recinto.
Con la nueva norma, el órgano legislativo declaró como “perniciosa y negativa la explotación sexual de las personas, como así también toda práctica que implique malos tratos, humillación, atropellos y vejaciones de cualquier índole que fueran, que atenten contra la dignidad intrínseca a la persona humana y todos los derechos de los que ésta es legítima titular”.
Asimismo, se convocará a representantes del área de Salud y Acción Social, y a entidades intermedias, a que trabajen sobre esta problemática, para que “intervengan y accionen en pos de intentar lograr la recuperación de las personas sometidas a esta explotación sexual”.

Contra la dignidad

El cuerpo parlamentario presidido por Mauro Bizzarri señaló que “es prioritario combatir dicho flagelo con medidas efectivas que impidan la instalación de lugares en donde se ejerza o facilite” la prostitución. “Es una forma de explotación, que arremete contra la dignidad” y que también “representa un riesgo en cuanto a la proliferación de enfermedades de transmisión sexual”, se indicó.
Además, consideraron que “genera exclusión, marginación y discriminación; atenta contra la igualdad de oportunidades y favorece una concepción deformada y negativa de la persona como objeto o mercancía”.
Por otro lado, se advirtió que favorece la drogadicción y la trata de personas.
“Se debe impedir la clandestinidad de las actividades sexuales que se practiquen en forma ilegal”, afirmaron los concejales.
Los ediles villanovenses evaluaron que “es necesaria una norma que coloque un límite definitivo a la instalación o permanencia” de estos lugares que, con la publicación en el Boletín Oficial, pasan a estar prohibidos en el ejido municipal.