El procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, puso al frente de la dependencia a Roxana Gauna, en un acto al que asistió el ministro de Justicia de Córdoba, con quien se firmó un convenio de cooperación, para la actividad.
Mugnolo dijo que esta es la octava delegación de la Procuraduría en el interior del país, en la que, inicialmente, se atenderán los casos de 460 personas detenidas por delitos federales en Córdoba.
El funcionario nacional recordó que hace unos 15 años se comenzó a recuperar la Procuraduría, “una institución encargada de abrir el control de los centros de privación de la libertad, pero existía una contradicción, cual era el de tener que controlar al Poder (Ejecutivo), en el que estábamos insertos”.
“Finalmente pudimos lograr, para que nuestra función fuera efectiva, la independencia absoluta de los poderes que tenía que controlar. Por supuesto -remarcó- tenemos una dependencia con el Poder Legislativo al que remitimos anualmente nuestros informes y en algunos casos información de algunas situaciones que, entendemos, son graves”.
Mugnolo destacó la función de la Procuraduría, acotando que el sistema argentino “ha sido tomado como modelo en Francia, donde hace poco se ha implementado”.
Además de Córdoba, ya hay delegaciones funcionando en Jujuy, Corrientes, Misiones, Litoral (Santa Fe y Rosario), Rawson, Comahue (Río Negro y Neuquén) y Viedma.
“Se descentraliza para estar más cerca de los centros de detención”, enfatizó, para que “todos trabajemos para derribar los muros de la cárcel, que tiene que dejar de ser un lugar lúgubre”, agregó.
También aprovechó la ocasión para resaltar la medida del Gobierno cordobés, porque desde hace un tiempo en las cárceles provinciales “se han cerrado las celdas de castigo”.
A su turno, el ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, destacó la “descentralización de la que somos partidarios, porque bajo ese concepto subyace el acercamiento de las instituciones a la gente y sus necesidades”.
Al mencionar que en las cárceles, la mayoría de los presos son gente limitada y humilde, a quienes se trata de recuperar. Dijo que cuando los pobres o personas de bajos recursos, “se organizan y luchan, pero no para confrontar, sino que piden ansiosamente entrar en el mundo, de eso se trata”.
“Se trata de recuperar a las personas que están privadas de su libertad. Ellos tienen la misma dignidad que nosotros, son hijos de Dios y, en consecuencia, como Estado, tenemos la obligación de recuperarlos y reintegrarlos a la sociedad”, agregó.
La sede Córdoba está ubicada en bulevar Mitre y Jujuy, y al acto inaugural concurrieron autoridades de las dependencias de Derechos Humanos de la provincia y de la Municipalidad capitalina, autoridades de los Tribunales Federales, del Colegio de Abogados y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Además, se encontraban presentes la titular local de Madres de Plaza de Mayo provincial, Sonia Torres, y el senador nacional Ramón Mestre (h), entre otras personalidades.