El fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Gustavo Atienza, solicitó el sobreseimiento del ex intendente de La Playosa, Aurelio Juan Semenzín, y de quien fuera su secretario de Gobierno, Edgar Rogelio Olcelli, acusados por presuntas maniobras defraudatorias en perjuicio de la Municipalidad de aquella localidad.
Se trata de una denuncia formulada por la actual jefa comunal playosense, María Cristina Barbisán, quien en mayo de 2008 se presentó en la Justicia para que se investigara el excesivo costo del cerramiento del parque industrial, llevado a cabo sin previo llamado a licitación, y por el cobro supuestamente irregular del aguinaldo y las vacaciones por parte de ambos ex funcionarios.
A fines de aquel año, el fiscal Atienza imputó a Semenzín (actualmente de 68 años) y a Olcelli (47) como presuntos coautores del delito de “peculado”, mientras que al ex intendente también le atribuyó la supuesta autoría de “administración fraudulenta agravada”.
Sin embargo, al cabo de dos años de investigación judicial, el propio instructor de la causa solicita el sobreseimiento de ambos imputados “por mediar causal de inculpabilidad” en relación al hecho de “peculado”, y por entender que el accionar de Semenzín, respecto de la presunta defraudación, “no encuadra en una figura penal”.
Para fundamentar su requerimiento, el fiscal Atienza se basó en el artículo 350 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba (CPP).

Qué dice la ley

Dicha norma legal establece que “el sobreseimiento procederá cuando sea evidente... 1º) que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado; 2º) que el hecho no encuadre en una figura penal; 3º) que media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria; 4º) que la pretensión penal se ha extinguido; 5º) que habiendo vencido todos los términos de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamento para elevar la causa a juicio y no fuere razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevas pruebas”.
Con respecto al delito de “peculado” atribuido a ambos ex funcionarios, Atienza invocó el inciso 3º, mientras que en relación a la “administración fraudulenta agravada” atribuida sólo a Semenzín, se fundó en el inciso 2º del citado artículo 350 del CPP.

Cómo sigue

La causa será remitida a la jueza de Control de los Tribunales de Villa María, Edith Lezama, quien deberá resolver si confirma o revoca la medida procesal, y cualquiera sea su decisión, tanto la Fiscalía como la Querella podrán apelar por ante la Cámara de Acusación de Río Tercero.
La Municipalidad de La Playosa se constituyó en la causa como querellante particular, con el patrocinio del abogado cordobés Alejandro Pérez Moreno, mientras que Semenzín y Olcelli fueron asistidos legalmente desde el comienzo de las actuaciones por los letrados villamarienses Walter y Rodrigo Hayas (padre e hijo).
Ayer, los ex funcionarios playosenses concurrieron al Palacio de Justicia local para interiorizarse de la decisión del fiscal Atienza y al salir de su despacho conversaron con los medios de prensa que estaban en el hall de entrada a Tribunales.
Allí, el abogado Hayas (h) explicó los alcances del pedido de sobreseimiento requerido por el instructor de la causa y se mostró confiado de que la jueza Lezama confirmará la medida.
De ocurrir eso, la Querella podrá apelar el dictamen ante la Cámara riotercerense, y los mismo podrá hacer la Defensa si la magistrada revoca el planteo del fiscal.
Finalmente, cabe recordar que los peronistas Semenzín y Olcelli estuvieron al frente del Ejecutivo playosense durante 16 años (cuatro períodos consecutivos), y en diciembre de 2007 asumió la Intendencia la radical Barbisán, todavía en el cargo.