La jueza de Control de los Tribunales de Villa María, Edith Lezama, dictó el sobreseimiento de la contadora Diana Esther Pineda y del empleado bancario Nicolás Bertello, y los dejó en inmejorable situación de ser desprocesados en la causa por la que se investigan cuantiosas extracciones de dinero de diversas cajas de ahorro con la intención de comprar divisas, especulando con las diferencias en la cotización.
La funcionaria confirmó así el pedido formulado a principios de este mes por el fiscal Gustavo Atienza, quien todavía mantiene la acusación sobre Maximiliano Porporatto y Gustavo Enrique Day, imputados como presuntos coautores de "defraudación calificada", un delito que es castigado con hasta seis años de prisión.
Pineda y Bertello también habían sido acusados como presuntos coautores del mismo ilícito, pero una serie de pruebas aportadas por sus defensores, Oscar Fernando Barroso y Roberto Vicente Vásquez, respectivamente, llevaron al instructor de la causa a pedir sus sobreseimientos.
"Todo el descargo de ambas defensas fue corroborado con elementos de prueba que, a criterio de esta Fiscalía, dan la razón a todos los argumentos que ellos expresaron", había dicho Atienza al fundamentar su requerimiento.
Sin embargo, aclaró entonces que aquel pedido fue parcial, "porque son cuatro los imputados y yo he promovido el sobreseimiento de dos de ellos".
"Porporatto y Day continúan imputados en la causa, pero no puedo adelantar nada respecto de la situación de ellos, puesto que no está resuelta", añadió el fiscal.

El marco legal

Según pudo saberse ayer, los defensores de Pineda y Bertello recibieron las cédulas de notificación sobre la sentencia dictada por la jueza Lezama el pasado viernes y deben pasar tres días hábiles para que el fallo quede firme.
Como el lunes fue feriado, el tiempo legal comenzó a correr el martes. Por lo que el plazo se cumplirá hoy, aunque con carga horaria hasta mañana a las 10. Hasta entonces los abogados del Banco de Córdoba, que se constituyó en la causa como querellante particular, podrán apelar la medida de la magistrada.
Si eso sucede, la cuestión deberá ser resuelta por la Cámara del Crimen de Río Tercero, en su doble función de Cámara de Apelaciones. Pero si la Querella no objeta la medida de la jueza Lezama, entonces Pineda y Bertello quedarán definitivamente desprocesados y, por ende, fuera de toda sospecha o acusación en su contra.

Las maniobras

Cabe recordar que la causa se inició el 24 de agosto de 2009, cuando funcionarios de la entidad crediticia con sede en San Martín y Entre Ríos formularon una denuncia penal en la Fiscalía a cargo de Atienza por irregularidades detectadas en la sucursal céntrica, que podrían configurar el delito de "estafa".
La denuncia presentada inicialmente involucraba a Porporatto, Day y Pineda, pero luego se sumó el nombre de Bertello, quien también fue imputado junto a sus compañeros de trabajo.
Según se informó en aquel momento, la acusación se basó en una investigación interna realizada por los auditores del banco, que dio como resultado que al menos tres empleados habrían realizado extracciones de diversas cajas de ahorro con la intención de comprar divisas, especulando con las diferencias en la cotización.
En realidad, la investigación se había iniciado unos meses antes tras la denuncia de un cliente que detectó un retiro en su resumen que no había realizado.
Así, se fueron descubriendo que varias cuentas tuvieron extracciones que no fueron reconocidas por los clientes, al tiempo que los auditores encontraron que había operaciones de compra de divisas que los ordenantes no reconocieron haberlas hecho.
"Hablamos de 100 mil pesos pero la investigación sigue", explicó entonces el contador Ricardo Camandone, subgerente Zonal del Córdoba, y no descartó que pudiera ser mayor la suma de la supuesta estafa.
En primera instancia se detectaron ocho hechos de presunta "defraudación", pero durante los primeros días de noviembre del año pasado, el abogado cordobés Juan Echegaray, en representación del banco, denunció 11 nuevos ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la entidad crediticia provincial.