El propietario de un criadero de cerdos afincado en Ana Zumarán se queja porque la comuna amplió sideralmente su radio urbano: de dos hectáreas que abarcaba pasó a través de una resolución a 82 hectáreas.
El productor Enzo Valle contó además que recibe presiones desde hace al menos dos años, cuando comenzó una serie de robos que ya alcanzan la temerosa cifra de 80. El último fue “hace 20 días, cuando me robaron la caja (de velocidades) de un camión que estaba estacionado a 60 metros del Destacamento de Policía”.
“Son presiones”, denunció Valle a EL DIARIO, quien desde hace tiempo padece “inseguridad”. “Tiempo atrás tuve que elevar una carta al ministro (Carlos) Caserio y al jefe de la Policía de Córdoba, Alejo Paredes”, porque a la hora de hacer la denuncia iba de un lado para el otro, no me la tomaban en Alto Alegre ni Ballesteros y de ahí me mandaban a Silvio Péllico...”, explicó.
Respecto a su finca, Valle detalló que se trata de un predio de seis hectáreas que adquirió hace 15 años y donde junto con sus dos hijos y una persona del lugar que ocupa, lleva adelante el emprendimiento “que es reconocido en la región, con 87 madres, con instalaciones que se renuevan permanentemente, inversiones que están a la vista”.
El hombre sostuvo que además, no fue notificado “como corresponde”, “o avisado personalmente, porque nos conocemos todos, y tuve que enterarme por un cartel que colocaron al lado del predio”.
Valle dijo sospechar que “detrás se viene un proyecto inmobiliario que sería a través de una inmobiliaria de Bell Ville”. Aunque prefirió no dar nombres, todo haría suponer que estaría involucrado el legislador por el Departamento Unión, Domingo Carbonetti, quien logró años atrás determinar que este poblado pertenezca a esa jurisdicción (anteriormente zona gris por encontrarse en el límite con el Departamento San Martín).
En ese marco, la versión coincide con las aspiraciones del presidente comunal Hernán Font, por llevar adelante un emprendimiento con características de un barrio de la ciudad de Villa María.
“No existe un estudio de impacto ambiental ni poblacional”, advirtió Valle, a la vez que disparó que “hay menos gente que en el Censo de 1980”.
Finalmente, se lamentó porque “el presidente comunal amenazó con expropiarme los terrenos, cuando no se me presta ningún servicio a pesar de pagar la tasa que corresponde. La única forma de frenar esto (la Resolución 12/2007) será a través de un recurso de amparo vía judicial”.