La diputada nacional por Libres del Sur, Cecilia Merchán, reveló ayer que no se penalizará al cliente en la nueva Ley de Trata de Personas, que será sancionada el año próximo.
La legisladora dialogó ayer con los medios de prensa villamarienses y ante la consulta de EL DIARIO indicó que por los tiempos no se conseguirá la sanción de la nueva norma antes de fin de año, pero sostuvo que sí se hará en 2011.
Como se conoce, luego del Congreso Nacional del Interior del País sobre la temática, realizado en mayo pasado en Villa María, las organizaciones que luchan contra este cruel delito impulsaron una serie de modificaciones a la ley vigente. Merchán reveló en la víspera que “no hay consenso” para penalizar al cliente, uno de los pedidos de las organizaciones de base.
“Nosotros pensamos que sin cliente no hay trata, a eso lo tenemos bien en claro, pero hay muchas cosas que se intentan arreglar con el Código Penal y en realidad pasan por otra cuestión”, expresó.
“La no existencia de clientes debe darse desde una modificación cultural y social; no se consigue con penas”, consideró.
Las propuestas que sí se incorporarán en la nueva legislación son: aumento de penas para los tratantes, se quita la posibilidad de que la víctima brinde el consentimiento para esa explotación, creación de una línea gratuita 915 anónima para denunciar hechos y solicitar ayuda, creación de una Secretaría de Estado para llevar adelante la batalla contra la organización delictiva, entre otros, según precisó la diputada.
Por otro lado, la funcionaria se mostró optimista respecto a la sanción de la ley de identidad de género, que “presenta las mismas dificultades que la ley de matrimonio igualitario, pero hemos avanzados en acuerdos transversales”.
En cuanto a la legalización del aborto, remarcó: “Más allá de que se entienda o no, lo vivimos, es una realidad”.
Sostuvo que la cúpula de la Iglesia promueve el aborto al no aceptar el preservativo ni la implementación de la ley de educación sexual y que otro “enemigo” son las corporaciones “que se llevan el dinero con el aborto clandestino”, cobrando “hasta 16 mil pesos” por cada caso.