“Solicité que se investigara la actuación de los efectivos y se tomaran las medidas correspondientes.”
Eso es lo que dijo la jueza de Menores de Villa María, Cecilia Fernández, al ser consultada ayer por EL DIARIO por el caso del menor baleado hace una semana por la Policía y que este matutino reflejara en su edición del miércoles pasado.
El pibe de 13 años recibió once impactos de balas de goma, lo que provocó que el comisario Mayor Daniel Ferreyra apartara del cargo al jefe de la patrulla preventiva, Hernán Yudica.
En la víspera, la magistrada indicó que solicitó que se tomaran medidas “al estar frente a un caso que evidencia que se conculcaron derechos humanos y dentro de éstos, derechos de los niños, lo cual es mucho más grave”. “Es una criatura de 13 años”, subrayó.
Fernández reveló que actuó de oficio, ya que la familia del pequeño “no realizó ninguna presentación judicial” en el Juzgado.
“He pasado los antecedentes al fiscal de Instrucción para que determine si hubo delito y cuál es. Será él quien determine imputaciones”, aclaró.
La jueza indicó que “ordené inmediatamente que el menor fuera entregado a sus padres y efectué algunos planteos”, aunque evitó profundizar públicamente sobre la cuestión.
Consultada sobre su percepción sobre el accionar policial, habida cuenta de denuncias de la VACAP de que se persigue a jóvenes de barrios periféricos y se detiene por “portación de rostro”, respondió: “Si existe algún tipo de arbitrariedad tiene que intervenir la Policía desde lo administrativo y la Fiscalía porque involucra a mayores, y ésta resolverá si incurren en delitos”.
Luego añadió: “Yo estoy haciendo lo que creo que corresponde hacer. No investigo, sino que informo al fiscal. Digo: Miren esto y analicen”.
Ante otra pregunta, precisó que “no me ha tocado intervenir en otro hecho de estas características” con la Policía local, pero inmediatamente advirtió que “he tenido quejas, lo que me llevó a citarlos en mi despacho y solicité que se tomen algunas medidas”, evitando revelarlas.
Cabe destacar, en tanto, el silencio que ha mantenido el poder político de la ciudad al conocerse un nuevo episodio que involucra a efectivos de la Departamental General San Martín, de suma gravedad.