Como ciudadano y ante las denuncias públicas que cuestionan cierto accionar policial, la actividad de organizaciones provinciales y locales que ponen la lupa sobre esta problemática y la relativización que se hace de las mismas, parece oportuno traer a cuenta las observaciones realizadas por el comité de Derechos Humanos. Es éste un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas, encargado de vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El comité sesionó en la ciudad de Nueva York, en marzo del presente año, y apuntó una serie de “preocupaciones y recomendaciones” para Argentina.
Traer algunas observaciones del comité sobre la problemática que refiero puede aportar a un debate que debería abrirse y ser objeto de toda la atención posible por los diferentes sectores de la sociedad. En especial de parte de los gobernantes y la dirigencia política en general.
El mencionado comité, luego de reconocer avances en diferentes temas, señala otras cuestiones por las cuales aún queda mucho por hacer. Así llega a la actuación de las policías en Argentina y en el punto 18 del informe textualmente señala que: “El comité observa con preocupación la abundante información recibida relativa al uso frecuente de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las comisarías de Policía y en los establecimientos penitenciarios…”. Si bien se expresa que esta situación reviste especial gravedad en provincias como Buenos Aires y Mendoza, no deja de lado ninguna fuerza del país. Otro párrafo del mismo documento advierte que ese comité “observa igualmente que muy pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio y aún menos aquellos que terminan en la condena de los responsables, lo que genera altos índices de impunidad. Al comité le preocupa además la práctica judicial en materia de calificación de los hechos, asimilando frecuentemente el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, tales como apremios ilegales, sancionados con penas inferiores”.
El documento del organismo de la ONU también menciona otras importantes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las policías en Argentina, como, por ejemplo la aplicación, de las detenciones preventivas, etcétera.
Leer los señalamientos de esta institución quizás nos ayude a entender que, a diferencia de lo que dicen algunos sectores, sería saludable abrir una discusión política sobre el funcionamiento policial en democracia. Hacerlo no dañará una institución que, por el contrario podrá salir fortalecida para su desempeño en el marco del respeto de los derechos humanos. Esto último incluso puede beneficiar a sus propios agentes que aún hoy están sometidos a regímenes de sanciones que, por lo menos, son discutibles y seguro tienen incidencia en sus desempeños profesionales. La discusión es sana, en democracia fundamental, y aportará a asegurar los derechos de todos los ciudadanos. El pensar cómo acciona la Policía en democracia en un tema político que, reitero, a la luz de los sucesos de conocimiento público, merece un debate real en el cual se expresen todos los sectores. Ignorando el problema no se aporta sino a la injusticia social.

Lic. Jesús Chirino