Algunos estudiantes y militantes de diferentes organizaciones sociales realizaron ayer a la tarde una radio abierta en la plaza Centenario, para manifestar el rechazo a la ley aprobada el miércoles en la Legislatura provincial (con el aval de Unión por Córdoba y el Frente para la Victoria y el rechazo del Radicalismo, Frente Cívico y partidos de izquierda) y a la represión que vivieron los que fueron a protestar en Córdoba contra la normativa que trataban los legisladores.
“Es una ley censurada, porque no se permitió el debate real, sino que se limitaron a sentar a la mesa a la Iglesia, las corporaciones y el Gobierno”, dijo Ernesto Bertoglio, de la Juventud Guevarista. “También es una ley que sacaron con represión, porque hubo 14 militantes detenidos y uno de ellos, hospitalizado como consecuencia de los golpes que recibió de la Policía”, señaló el joven.
Por su parte, desde el Partido Obrero, Mónica Sonzini y José Gutiérrez consideraron a la ley “como el crimen perfecto de la educación pública”.
“Los manifestantes, docentes, alumnos, padres, organizaciones de todo tipo y color, sólo llevaban banderas y gritos para que el engendro del proyecto de la Ley de Educación, fuera tratado y consensuado entre todos los que creen que la educación es un derecho inalienable y no un coto empresarial para convertir a los alumnos en esclavos de empresas privadas”, aseguraron.
Pero “a los Legisladores poco les interesa la inversión para que un pueblo se eduque, a estos representantes de la República les conviene seguir convirtiendo las obras públicas en monumentales empresas privadas”, agregaron.


Razones del rechazo

Explicaron que rechazan la normativa por las siguientes razones:
- Porque es un proyecto gestado por las corporaciones empresariales, clericales, gremiales y estatales y no por la comunidad educativa.
- Porque modificar algunos artículos de dicho proyecto no cambia el “espíritu” de una ley que establece a la educación como un servicio, relativizando tendenciosamente que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado.
- Porque los métodos de consulta utilizados son un “simulacro”.
- Porque fomenta la precarización laboral en los estudiantes al fomentar “prácticas formativas”.
- Porque atenta contra el principio de laicicidad de la educación pública.
- Porque relativiza la responsabilidad económica del Estado de garantizar el cumplimiento de este Derecho Universal para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.