Escribe: Dr. Héctor Muñoz (*)

El año 2010 culminó con un debate que quedó abierto para este 2011 que iniciamos. Las ocupaciones de espacios públicos en distintos barrios de la Capital Federal y en la ciudad de Córdoba reactualizaron, con un tono dramático, la discusión respecto de la vieja idea que todos aprendimos desde niños: los derechos de unos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y esa frontera la establecen, la respetan y hacen respetar los gobiernos democráticos en directa consonancia con lo que dictan las leyes. Y ahí aparece otra enseñanza: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.


Falsa opción

Pero no todas las viejas enseñanzas son aplicables a los complejos procesos sociales que se dan en la sociedad contemporánea porque otra sensación que nos dejó el tema de las ocupaciones, además de su promoción por parte de dirigentes inescrupulosos, fue la limitación de algunos actores políticos para pensar soluciones alternativas que escapen a la vieja dicotomía “mano dura” vs. “garantismo” que ofrece de modo excluyente seguridad o libertad. Tras estas perspectivas duales se esconden opuestas concepciones de los sujetos y de su conducta social. Una prefiere concebir a las personas que incumplen la ley como “desviados” que necesitan una severa corrección. Otra como víctimas de carencias sociales y afectivas que aguardan su posibilidad última de inclusión que los aleje de un camino que no pudieron evitar.


Nuevo escenario

Lo que correspondería comenzar a pensar es que un nuevo escenario hace que esos inadaptados o excluidos no sean sino sujetos que sí se han adaptado y que sí se han incluido, a través de un modo particular, al mundo de trabajo que hoy le ofrecen mercados laborales desregulados, emergentes y claramente clandestinos.
Ocupar un terreno por indicación de un dirigente político barrial no es muy distinto que participar del robo de un auto, colaborar en la distribución de drogas o ayudar a los proxenetas en la ampliación de redes de trata de personas. Son “trabajos” a los que pueden acceder quienes heredaron de sus padres el desempleo y la imposibilidad. Pero no será justificando sus conductas irregulares que se incorporen a este país que crece en producción, consumo y en derechos. Lejos de ejercer la paciencia y esperar a que la copa del crecimiento se llene y derrame sus beneficios en los más necesitados, los Estados deben intervenir activamente en el desmantelamiento de esos nichos de corrupción delictiva de la que no se enriquece la nueva “mano de obra desocupada” sino aquellos que siempre encontraron la protección en el poder. Eso hoy es inadmisible.
Junto con la decisión que deben adoptar los gobiernos aparece también la necesidad de una reflexión que, como miembros de la sociedad, nos debemos. Más tarde o más temprano vamos a tener que ir abandonando creencias perimidas, hacer el esfuerzo para ver los procesos sociales en su complejidad y abrir nuestras mentes a nuevos modos de pensar, soluciones a viejos y nuevos problemas. No podemos una semana indignarnos porque una bala policial mata a un hombre y a la semana siguiente repetir la indignación porque la Policía, en ciertas ocasiones, no portará esa arma potencialmente asesina.


El rol de los municipios

Existen personas que han estudiado en profundidad el tema de la seguridad, han tenido posibilidades de realizar investigaciones e instrumentar sus ideas en prácticas concretas. Una de ellas es el jurista Alberto Binder, a quien su experiencia y conocimiento lo impulsan a recomendar la aceleración de la profesionalización de la Policía, desarticular los circuitos criminales y potenciar el rol de los municipios en la atención de la seguridad porque en los espacios locales la información es próxima y exacta.
Y esa información nos obliga, antes que nada, a condenar la estigmatización de la que son víctimas los sectores populares por parte de aquellos que, aún considerándolos perjudicados por la exclusión de los años ‘90, asocian pobreza con delincuencia, vínculo que miles de pobres honrados y trabajadores diariamente refutan con esfuerzo y en soledad. En segundo lugar nos alienta a dar continuidad a un proyecto de Gobierno que trabaja en la inclusión social, la corrección de inequidades y en el desarrollo integral de las personas. Y, finalmente, nos desafía a seguir pensando en nuevas perspectivas para el crecimiento colectivo, prescindiendo de simplificaciones interesadas que nos aparten del estado de derecho que, aún con deudas pendientes, nos ilusiona con la posibilidad de vivir con libertad y seguridad.

(*) Secretario de Coordinación General
y Desarrollo Urbano Municipalidad de Villa María