Sandra Peralta, la madre de Maximiliano Rodríguez, el niño que tenía 11 años cuando fue hallado muerto en el río Ctalamochita en 1995, regresó en las primeras horas de la mañana de ayer a los Tribunales de Villa María, en compañía de representantes de las entidades que piden el esclarecimiento de ése y otros asesinatos, la desaparición de Mariela Bessonart y los atentados contra el fiscal Francisco Márquez y el dirigente Alejandro Roganti.
La mujer había llegado a la ciudad desde Catamarca, donde reside, para agradecer el trabajo de estas entidades, y expresar su solidaridad con la tarea que desarrollan. Ayer, un grupo de referentes del grupo la acompañó hasta la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo de Gustavo Atienza, donde se encuentra la causa por el asesinato de su hijo. Luego de esperar unos minutos en la barandilla, la comitiva fue recibida por el titular del organismo judicial, quien recordó que no fue él quien inició la investigación y señaló la dificultad que representa el transcurso del tiempo cuando nadie aporta nuevos elementos.
Peralta le entregó una nota a través de la cual encarga a las entidades sociales el seguimiento del caso.
Amigas de Mariela Bessonart, la mujer desaparecida en setiembre de 2005 cuando tenía 37 años, se interesaron también por el estado de esa investigación. En este sentido, el funcionario habría señalado que la aplicación del UtilityScan, un avanzado método de rastreo de restos humanos (que anunció en mayo del año pasado) requiere de mucho dinero, aunque las gestiones para conseguirlo están avanzadas.
En otro pasaje del encuentro, el fiscal habría expresado su malestar por sentirse juzgado por la sociedad, al igual que sus pares.
Las entidades, en tanto, consideraron que la visita “fue positiva como cada acción que se realiza semanalmente para crear conciencia e impedir el olvido y la impunidad”.
“Está bien que los funcionarios se sientan controlados por la sociedad. Todo aquel que ocupa un cargo público debe rendir cuentas y dar muestras de su trabajo. Estamos en el Siglo XXI; una ciudad ya no es el intendente, el obispo, el jefe de Policía y el juez de paz... La gente existe y exige”, señalaron sus portavoces.