“Trabajan, pero cuentan que la Policía no los deja en paz”, fue el título de una nota publicada en la edición de ayer de EL DIARIO, en la que se reflejaba el malestar de los jóvenes que trabajan en el lavadero ecológico de bulevar Vélez Sarsfield y las vías del ferrocarril, por la persecución policial.
Ellos limpiaban vidrios en las esquinas con semáforos de la ciudad y hoy tratan de alejarse de la calle trabajando en este lavadero, al que ya apostó Villa María -tiene una importante clientela-.
Los chicos le confiaron a este matutino que efectivos de la Departamental General San Martín los tienen en la mira.
Ante esto, ayer consultamos a la abogada villamariense Ana Becerra, titular del Tribunal de Conducta de la Policía de la Provincia de Córdoba. La funcionaria no se encontraba en la ciudad por lo que no había leído este diario. Ante la información que le brindó este cronista, dijo que conseguiría un ejemplar y que “esto me servirá para actuar de oficio si así se considera”.
“La gente puede denunciar situaciones que no se condicen con las funciones de la Policía no sólo a través de un abogado o de la persona misma sino también de manera anónima. Igualmente, siempre las notas aparecidas en los medios de comunicación, nos habilitan para investigar de oficio, lo que podría suceder en este caso del lavadero”, indicó Becerra.
Ante la pregunta sobre si hubo sanciones en los casos denunciados en los últimos dos años en Villa María, apuntó que “hay todo un expediente porque en su momento había denuncias permanentes, era un tema repitente, y en algunos casos se llegó a sanciones y en otros se debió archivar”.
“Sucede que a veces la gente hace denuncias por los medios de comunicación, pero luego no va a declarar cuando se la convoca”, indicó.
- Si no se registran golpes ni se concreta la detención, pero hay un permanente pedido de identificación, un hostigamiento, como revelan estos chicos, ¿pueden existir sanciones?, le preguntó EL DIARIO.
- “Si esa persecución es indebida, si no corresponde, si se hiciera a un determinado sector de la población y no a otro, sí. En determinado momento llegaron desde Córdoba denuncias de travestis, de bolivianos, de peruanos, lo que me permitió conocer mucho de estas comunidades. Nos decían: nos persiguen por portación de rostro. Trabajamos con el INADI y la gente de Derechos Humanos. Si se prueba la persecución, una determinada situación de persecución a los más pobres, a quienes limpian vidrios, etcétera, claro que nos habilita para determinar la imposición de sanciones”, confirmó la funcionaria.