En mayo de 2005, a instancias de la empleada de la delegación local de Rentas, Silvia Bomprezzi, quien detectó que le estaban utilizando su clave personal para “blanquear” cuentas de contribuyentes, sin que mediara el pago correspondiente, el fiscal Gustavo Atienza inició una extensa investigación.
En el transcurso de la misma se pudo verificar la existencia de 29 hechos por una cifra millonaria.
Durante el proceso judicial, la empleada denunciante terminó imputada y en más de una ocasión el titular de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno defendió su medida.
Más tarde, el secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihén, comprobó que con una simple llamada telefónica obtuvo una clave personal de un empleado de la dependencia, demostrando que el sistema era vulnerable.
La recopilación de pruebas desembocó, a fines de 2007, en el sobreseimiento de Bomprezzi, ya que no tenía nada que ver con el delito que se le endilgaba.
Nada se supo sobre el caso desde entonces. En los últimos meses, EL DIARIO buscó en varias ocasiones la palabra del fiscal pero su secretario siempre dijo que se estaba investigando y que, para evitar que se caigan pruebas, se impusieron un férreo hermetismo.
No obstante, este matutino pudo conocer que la Justicia, a través del fiscal Daniel Del Vö, investiga a los empleados Rody Funes, Roxana Pérez Paso y Roberto Aquiles por diversas irregularidades en la repartición pública.
Fuentes de esta dependencia indicaron que hace tiempo que los tres no concurren a trabajar por disposición de los directivos, a fin de no entorpecer la investigación.
Los dos hombres son investigados por un hecho que habría causado un grave perjuicio económico a la dependencia (por el hermetismo judicial no se pudo constatar exactamente en qué consistió), en tanto que Pérez Paso es investigada por más de un centenar de hechos.
La mujer habría utilizado la clave de Bomprezzi y la de ella misma para realizar diversas acciones (algunas de las cuales se le imputaron en su momento a quien fuera acusada) en perjuicio de la repartición estatal y en beneficio de contribuyentes.
Los tres habían llegado a Rentas en 1998, transferidos desde un banco. Hoy están en problemas.