Gustavo Maristany y José Naselli, tribunos de Cuentas de la oposición, aprobaron la orden de pago para Soledad González Azcurra, una trabajadora social que factura 1.782 pesos mensuales y a la que le habrían practicado descuentos -tal como está expresado en la factura- por no asistir a un acto fuera de su horario de trabajo.
Al aprobarla, hacen la salvedad de que lo hacen para no demorar el pago a una trabajadora, pero expresan que es “imprecisa y contradictoria” la respuesta de Mónica Lazos, secretaria del área social, al pedido de informes que oportunamente elevaron.
Lazos afirma que la trabajadora social “es cuentapropista en ejercicio de su profesión liberal, pero acto seguido expresa que debe cumplir 35 horas semanales y en su “jornada de trabajo” no debe cumplir horarios como los empleados agentes dependientes, pero debe estar a disposición del municipio por la cantidad de horas semanales referenciadas”.
Y agregan los tribunos: “Cualquier profesional del Derecho podrá ilustrar a la señora secretaria de que la sujeción o puesta a disposición de horarios es uno de los elementos fundamentales para la existencia de una relación laboral”.
El tema planteado por Naselli y Maristany es una vieja discusión planteada por la CTA, que considera al personal facturante que cumple horarios y órdenes como un fraude laboral, dado que esas características corresponden a un empleado en relación de dependencia.
Además, los mismos tribunos citan a un fallo de la Corte Suprema en que consideró que la figura del monotributista representaba una evasión de aportes patronales con penas “de hasta nueve años de prisión”, recalcan.

Cenas no

En otra resolución, los tribunos de la oposición rechazaron una orden de pago por 1.800 pesos destinada a abonar a Jimena Andrea Galera el servicio por 20 cenas destinadas a la fiesta de fin de año de la Asociación Villamariense de Automovilismo (AVA).
Naselli y Maristany aclaran que no cuestionan la facultad del intendente para decidir sobre este tipo de cuestiones, pero entienden que es positivo que además del control de la legalidad que hacen desde su rol, puedan profundizar en la investigación para determinar si hay “malgasto, extravagancia o gastos ineficaces”, que, a juzgar por el rechazo, consideran en alguno de esos calificativos las cenas para AVA.