Escribe: Jesús Chirino

El 1 de mayo de 1936, Emilio Seydell asumió como intendente municipal de Villa María, al hacerlo sabía que las cuentas municipales habían quedado muy comprometidas luego de la gestión de Eugenio Parajón Ortiz, el “intendente poeta”.

Poeta intendente

Parajón Ortiz fue un médico tucumano al que le gustaba la Literatura y, según su accionar político, también el poder y las grandes obras públicas. En febrero de 1932 por segunda vez accedió a la Intendencia municipal. Esa vez su candidatura no fue avalada por la Unión Cívica Radical. El político renegaba del antifascismo sostenido por ese partido político que, recordemos, por entonces sostenía la abstención ante las elecciones fraudulentas que habilitaba el Gobierno central surgido del golpe de Estado del 6 de setiembre de 1930.

Desde el inicio de su segundo mandato de gobierno, Parajón Ortiz ejerció poniendo en evidencia su adhesión a una idea de progreso relacionada con lo material, sin prestarle toda la atención necesaria a las problemáticas sociales que sufría la comunidad local. Así fue que contrató importantes obras como las veredas, pavimentos, el Matadero “Modelo” y la plaza Centenario entre otras. Obras que tuvieron una contracara relacionada con el desorden en las cuentas municipales, con el delito y con la explotación de los trabajadores contratados para realizar las mismas.

Asume Blanco

A principio de 1936 la provincia dictó la Ley 3.652 de prórroga de mandato con la finalidad, se decía, de adecuar la culminación de los mandatos provinciales y municipales a la letra de la Constitución provincial. Es por ello que al finalizar el período de Parajón Ortiz fue designado Juan A. Blanco al frente del municipio hasta que Seydell, intendente electo, asumiera en la fecha ya mencionada.

A cuatro días de ejercer la Intendencia, Blanco dispuso que una comisión integrada por los contadores Carlos W. Castro y Luis Rearte Romero realizar un estudio para precisar cuál era la situación real de las cuentas municipales. Luego de un estudio se estableció que la administración de Parajón Ortiz no sólo había cometido errores sino también consumado verdaderos delitos de defraudación.

Hay que decir que, con bajos niveles de pago a los tributos municipales, los vecinos habían ejercido una fuerte resistencia a la administración del tucumano y su estilo de Gobierno.

Vales para mentir deuda

Según estableció la comisión de contadores, la administración de Parajón Ortiz dejó una deuda municipal de $ 1.740.563,74. Entre otros conceptos, esa suma incluía los $56.530,20 por sueldos y jornales adeudados a trabajadores municipales. También estaba el $1.015.853,38 que era la deuda originada en la construcción del Matadero “Modelo”.

Aunque esas sumas eran preocupantes en realidad no reflejaban toda la verdad. Poco tiempo después se comprobó que muchas cuentas que figuraban saldadas sólo habían sido cubiertas con vales que aún debían ser honrados. De esta manera se llegaba a una dura verdad que algunos dirigentes de parcialidades políticas venían denunciando desde hacía tiempo. Las grandes deudas originadas en las onerosas obras realizadas y el poco apego por el cuidado del dinero de los vecinos, habían dejado una enorme deuda.

Denuncias

A poco de asumir Emilio Seydell supo decir “al hacerme cargo el 1 de mayo pasado, se encontraron con el 80% de las rentas embargadas y el personal impago desde el mes de junio de 1935… sin crédito y sin poder atender los más elementales servicios de una población de 30 mil habitantes…”.

Comprobado que el intendente poeta había dejado una deuda que comprometía tres presupuestos municipales anuales, se iniciaron varias causas judiciales en su contra y a concejales de ese período. Así en el Juzgado de Instrucción de 2da. Nominación de Córdoba se inició una causa cuya carátula decía: “Contra Parajón Ortiz y otros”, los cargos eran por violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

El 7 de mayo de 1937 el diario “ La Voz del Interior” publicó que Emilio Seydell se presentó a la Justicia del Crimen de Villa María “acusando al ex intendente Dr. Eugenio Parajón Ortiz, por malversación de fondos públicos. Patrocina a la Municipalidad el Dr. Luis Escalier, habiendo sido radicada la causa en el Juzgado del Crimen de la Cuarta Circunscripción Judicial a cargo del Dr. Francisco J. Setién”.

En el mismo artículo se explican los hechos que daban origen a la denuncia: “Periódicamente el Gobierno de la Nación, hace entrega a la Municipalidad de Villa María, la subvención destinada a la sala de primeros auxilios, cuyas partidas correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 1933 y el tercer cuatrimestre del año 1934, sumas que ascienden a $1.024,39 y $1.041,66, respectivamente, recibos que fueron subscriptos por el ex intendente Dr. Parajón Ortiz, pero no se registraron los ingresos en caja, estando encuadrado este hecho en el artículo 261 del Código Penal”.
El ex intendente se presentó a declarar y quedó preso hasta que se le tomó declaración.

Acusados y condenados

En su edición del jueves 13 de mayo “ La Voz del Interior” afirma que “el sábado a las 22 fue puesto en libertad el doctor Eugenio Parajón Ortiz, ex intendente municipal, acusado de malversación de caudales públicos por la actual administración”.

Luego el diario señala que en el marco de la misma causa “El doctor Belisario Villegas decretó de inmediato la prisión preventiva del ex tesorero, Natalio Barbero Menardo, quien habría declarado que recibió el dinero que ha motivado la acusación, delito calificado por el doctor Villegas como incluido en el artículo 249 del Código Penal”.

La defensa de Parajón Ortiz y de Barbero Menardo fue ejercida por los abogados Elena y Vizcaya.

Por las apelaciones que se realizaron en la causa el 17 de mayo de 1938, el abogado Luis Escalier en representación del municipio realizó un informe, de forma oral, en la ciudad de Córdoba ante la Cámara del Crimen.

Por otra parte el juez del Crimen de Villa María, Leopoldo Garroq, decretó la prisión preventiva de los ex concejales Pedro Montara, Héctor Fraire, Ramón Vijande, Pedro Arza, Elías Saine y el ex secretario del Concejo Deliberante, Octavio Reinoso.
Todos fueron alojados en la Cárcel de Encausados de Villa María.

Habiendo recuperado la libertad todos los concejales, el 24 de junio de 1939, se dictó fallo en el juicio contra los mismos. Así se condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por doble de tiempo para Fraire y dos años y diez meses para Vijande y Reinoso, en suspenso, por adulteración de la ordenanza de la construcción del Matadero “Modelo”.

Los montos de las deudas surgidas en los estudios de los contadores, las acusaciones y las condenas judiciales dejaron en claro que aquellos que habían señalado errores no se “oponían al progreso”, como les gustaba decir a quiénes encararon obras faraónicas sin las previsiones del caso. El tiempo traería funcionarios municipales más capaces, también de los otros.