“Respondiendo a la información que dio el funcionario municipal Rafael Sachetto y que fuera publicada el pasado 11 de febrero por EL DIARIO bajo el título ‘Los ladrilleros tendrían cinco meses para buscar otro lugar’, las cuatro familias quechua que vivimos y trabajamos en las cuatro hectáreas de enfrente al barrio privado La Negrita queremos expresar que nosotros tenemos los mismos derechos y obligaciones legales que el resto de los habitantes de este país, ni más ni menos, por lo tanto debemos aclarar.
1- Que no tenemos otro lugar adonde ir a trabajar y tampoco adonde ir a vivir. De irnos, pasaríamos a ser desocupados y de suceder esto nos veremos obligados a solicitar a la Municipalidad de Villa María un apoyo económico para desarrollar otros micro emprendimientos, diferentes al de los hornos de ladrillos, actividad que de a poco va siendo clausurada en la zona urbana de esta ciudad. Tenemos el deber de mandar a la escuela a nuestros hijos y hermanos y de tratar de darles una vida digna, la mejor que se pueda y en la zona rural tampoco va quedando espacio para la ladrillería. Para cambiar de rubro, sí o sí vamos a necesitar la colaboración de las autoridades, pues no contamos con recursos propios para invertir en un nuevo emprendimiento laboral.
2- Que en caso de que se nos quiera desalojar, previamente nos veremos obligados a solicitar a quien sea el dueño del inmueble (no sabemos el nombre de su actual titular registral) un reembolso económico por todas las mejoras que hemos realizado en el terreno en estos años (pozos de agua, relleno del terreno, desmalezamiento, cuidado). Estamos dispuestos a dialogar primero con quien sea el dueño para llegar a un acuerdo privado y si después de todos los esfuerzos esto no resulta, lo reclamaremos vía judicial.
3- Que no hemos firmado todavía ningún acuerdo con ninguna persona para dejar el lugar, ni hemos recibido tampoco ninguna orden judicial de desalojo.
4- Que nosotros nunca nos hemos negado a pagar el alquiler por la tierra, es el dueño el que no nos quiere cobrar. Es más, con los anteriores dueños siempre hemos cumplido puntualmente con el pago del alquiler (en el año 2006 el supuesto nuevo dueño o intermediario dejó de cobrarnos).
5- Que mientras estemos habitando el lugar, cualquier persona que quiera ingresar al mismo y que no sea miembro de nuestras familias debe pedir permiso para hacerlo, caso contrario, no sólo se nos estaría faltando el respeto, sino que también se estaría cometiendo el delito de violación de domicilio.
6- La ley debe ser de obligatorio cumplimiento para todos. Nuestro origen indígena y nuestra condición de migrantes no debería ser motivo para que el Estado o particulares nos discriminen y nos nieguen lo que constitucionalmente nos corresponde como ciudadanos y miembros del pueblo originario quechua.”


Sandro Ortiz Mamani, Justo Cananivi Mina,
Raimundo Condori, Juan Ortiz Mamani y
siguen las firmas