La directora del Tribunal de Conducta de la Policía de la Provincia de Córdoba, Ana Becerra, mostró ayer otra faceta en el marco del escándalo por las denuncias de abuso de autoridad que involucran a efectivos de la Departamental General San Martín.
Mientras se retiraba del acto de inauguración del nuevo edificio del Conservatorio de Música Felipe Boero, Becerra reveló que "así como hay grupos de vecinos que se han unido, y obviamente con todo su derecho, para defenderse de cuestiones que les han sucedido personalmente, en el teléfono 0800 de nuestro Tribunal se han recibido llamados de vecinos, comerciantes e instituciones diciendo que están conformes con el accionar de la Policía local, en el sentido de que ven más efectivos en las calles, que hay más control y que se sienten más seguros" (pero no identificó a ninguno de los "conformes", mientras que la gente que denuncia pone la cara y hasta la firma).
La abogada y ex edil hizo declaraciones a la prensa en una semana en que se conocieron más denuncias de abusos y en la que el jefe de la Departamental, Daniel Ferreyra, los asoció a una campaña para "modificar la conducta" de la Policía, la que, dijo, actúa en "permanente conflicto".

@ "Pruebas concretas"

Por otro lado, la letrada advirtió que el Tribunal que dirige "trabaja sobre pruebas concretas, datos objetivos, no en una sensación". En ese sentido, subrayó que "muchas veces la gente se confunde con la denuncia pública".
La misma "nos sirve a nosotros para actuar de oficio, pero debe ser certificada de alguna manera, por ejemplo, con una constatación médica si se golpeó o lastimó a la persona".
"Luego se compatibiliza con los libros de guardia para conocer la identidad de quienes estaban en el lugar", apuntó.
Becerra recalcó que si bien las declaraciones de presuntas víctimas en los medios de prensa "nos sirve para actuar de oficio, si el hecho concreto no se garantiza con una prueba, se corta el camino".

@ "Estamos trabajando"

"Estamos tratando de conseguir todos los datos para que si se incurrió en faltas, y éstas son graves, se sancione al que las haya cometido", aseguró. Luego dijo que "denuncias concretas no son once o doce sino menos".
Explicó que las sanciones contemplan desde suspensión y arresto hasta la cesantía.
"El Tribunal es administrativo y tiene la potestad de dictaminar una cesantía", remarcó.
EL DIARIO le preguntó si la sanción podría caberle hasta a la misma cúpula de la Departamental.
"Se van evaluando las responsabilidades, y se da la del jefe cuando concretamente dio una tarea determinada a sus subordinados, de lo contrario es menor", respondió.
Asimismo, se le consultó si el titular de la ex UR8 remitió algún escrito al Tribunal sobre su posición ante el escándalo desatado. "Los comisarios tienen la obligación, una vez ocurrido el hecho cuestionado, sea publicado en el diario o no, de informarlo al Tribunal y así se ha hecho de manera inmediata en este caso", terminó.