El contador Daniel Barotto fue funcionario del Gobierno de Miguel Angel Veglia, y a pesar del perfil bajo que siempre lo caracterizó resolvió salir al cruce de los dichos de la concejala Verónica Vivó.
El escrito, que personalmente trajo a nuestra Redacción, expresa textualmente:
“En la nota publicada y firmada por la concejala Vivó, en la edición del día 23 de febrero, realizó una serie de acusaciones que no se condicen con la verdad de los hechos.
No pretendo calificar de malintencionada a la concejala, porque seguramente sólo es víctima de quienes se valen de su desenfreno y verborrea para poner en su boca expresiones que pocos se atreverían a afirmar, por lo insostenible de las mismas.
Para el conocimiento de la concejala basta recordar que toda la documentación contable y presupuestaria correspondiente al traspaso de la gestión del Dr. Veglia al Sr. Accastello fue aprobada por unanimidad del Tribunal de Cuentas y de los concejales que -en mayoría- representaban al Partido Justicialista.
No obstante, toda la gestión fue sometida a una rigurosa y costosa auditoría, que concluyó que ‘de la documentación revisada y de acuerdo a la tarea realizada, se puede concluir que no existen hechos o constancias que demuestren sustracción de caudales públicos por funcionarios encargados de su custodia…’.
Otro hecho -que la edil quiere transformarlo en mito- es cuando repite permanentemente sobre la deuda heredada.
Según consta en la documentación -que parece nunca leyó- la deuda al 31/12/1998 ascendía a $14.242.601,54, en su mayor parte era como consecuencia de los altos y leoninos intereses que los organismos provinciales cobraban y que hacían difícil su cumplimiento, lo que siempre estuvo en discusión y formó parte de la confrontación con el Gobierno provincial.
En esta situación estaban la mayoría de los municipios de la provincia. Cuando asumió el Dr. de la Sota, como gobernador tomó una buena decisión política: condonó y refinanció la deuda de todos los municipios endeudados, lo que permitió liberar la coparticipación.
A la gestión del intendente Accastello nunca le representó un inconveniente la deuda heredada. Sí, hay que reconocer que los últimos 3 ó 4 meses de la gestión del Dr. Veglia fueron muy difíciles, fundamentalmente por tres motivos: 1º- por una fuerte presión de sectores gremiales vinculados al PJ; 2º- por la reticencia de la provincia para el envío de los fondos que le correspondían al municipio, lo que se podía interpretar como presión por ser de otro signo político, ya que estos fondos fueron girados inmediatamente una vez asumido el intendente Accastello; 3º- una promocionada moratoria, con descuentos importantes, por las tasas y servicios, que alentaron a los contribuyentes a no pagar y esperar la refinanciación.
Aclaro que todos los datos que menciono están documentados y los puede constatar visitando el Archivo Municipal.

‘La mentira es un límite’

Como la concejala no tiene prueba de los excesos que dice, sería recomendable que se limite a opinar sobre temas que sí pueda probar, porque si bien cualquier persona puede emitir un juicio, la mentira es un límite.
La concejala incluso se contradice o desconoce los informes emitidos por el propio Ejecutivo, en relación a la anterior gestión, que se caracterizó por no ocultar nada y sometió los actos de gobierno a todos los controles existentes. Si tiene dudas, puede acercarse al municipio pidiendo realizar otra auditoría.
Además, le recuerdo que estamos en democracia. Como parlamentaria no debe temer discutir y debatir los temas actuales de la ciudad. No trate de confundir a la sociedad con cuestiones remotas para escapar a la confrontación respetuosa.
Intentar ensuciar a quienes puedan pensar distinto, a quienes creen que la política puede ser otra cosa, no es lo que la sociedad quiere en su conjunto.
Y ya que se erigió en paladina de la transparencia, sería interesante que trate de encontrar los libros del Eninder, para que de esa forma (si tiene suerte) pueda poner en conocimiento de la sociedad cómo se gastan los dineros públicos y así poner fin a la discusión con los miembros del Tribunal de Cuentas.
Le recuerdo que el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública forma parte de los derechos humanos consagrados y ratificados por los propios fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a la que adhiere la República Argentina.
Personalmente participé en la reforma y modernización administrativa del municipio realizada durante los años ‘98 y ‘99 (trabajo que aún se encuentra vigente), y en todo el proceso de transición hacia las nuevas autoridades.
Si bien no me siento directamente afectado por las declaraciones de la Sra. Vivó, me preocupa su nivel de malicia o desconocimiento, tanto sobre los temas del pasado como del presente”.