Legisladores del Frente Cívico presentaron en la Legislatura provincial un pedido de informe sobre el caso Cristian Pelliza, el joven de 27 años interno del Hospital "Dr. Emilio Vidal Abal", desaparecido y hallado muerto días después dentro de las mismas instalaciones, con signos de violencia. Del caso dio cuenta nuestro medio la semana pasada.
La solicitud al Poder Ejecutivo, que encabeza el gobernador Juan Schiaretti, es para que en el término de siete días informe, en primer lugar, sobre "las causales de la desaparición del HEVA, de Cristian Mariano Pelliza; fecha en que ingresó y fecha en que se ausentó; lugar y fecha en que fue encontrado el cadáver de Cristian Mariano Pelliza; si se trata de internación voluntaria o judicial, en su caso de qué Tribunal; qué tratamientos, en establecimientos de salud mental de la provincia, recibió el señor Pelliza; si un paciente internado puede salir sin autorización del citado establecimiento; si el paciente desaparecido era peligroso para sí o para terceros; si se han adoptado conductas tendientes a evitar situaciones de evasión de los pacientes internados en el aludido establecimiento; si la provincia ha sido demandada con motivo de la asistencia de este paciente".
En un marco más amplio, los interrogantes apuntan a tomar medidas preventivas y por antecedentes, por lo que pregunta la "nómina de pacientes que se ausentaron y los que fueron reinternados (año 2010/2011); si existen pacientes que se fugaron y no se tiene noticias de ellos...; informe acerca de juicios, a la fecha, en que la provincia se encuentra demandada; si en el citado nosocomio se ha implementado la aplicación de la Ley de Salud 9848, promulgada por Decreto 2047/2010 y en especial art. 48 inc. “g”, es decir, “durante la internación deberá registrarse diariamente en la historia clínica la evolución del paciente y las intervenciones del equipo de salud…”. Por último, consulta la "cantidad de pacientes asistidos, en la actualidad, en el Hospital Vidal Aval".

Fundamentos

Para los interrogantes, el legislador Raúl Giménez expresó como fundamentos que tomó conocimiento "por distinto medios (EL DIARIO del centro del país siguió a cada paso los sucesos), de la 'desaparición' de un interno del Hospital Dr. Emilio Vidal Aval el 12 de enero pasado y teniendo presente que situaciones como la descripta habrían ocurrido en oportunidades anteriores con el consiguiente riesgo para los propios enfermos y para terceros, a lo que debe sumarse la desazón e incertidumbre que genera entre los miembros de la familia".
Por otra parte, aportó que "el director habría expresado que '...un día se ausentan dos o tres y por ahí pasa un tiempo largo sin que se escape ningún interno...', lo que pone en evidencia, en el mejor de los casos, una clara ausencia de controles eficientes para impedir que personas que adolecen de enfermedades mentales (lo que los coloca en un estado de mayor vulnerabilidad), queden expuestas a situaciones incompatibles con el tratamiento que ha determinado su internación".
Además, Giménez señala que "la infraestructura y personal no se adecúa a las internaciones en especial a los internados por orden judicial -del fuero penal- quienes cumplen medidas de seguridad por haber sido declarados inimputables pero que revisten peligrosidad para sí y/o para terceros".
En los argumentos utilizados, enfatizó que "la deficiente asistencia habría derivado en varios juicios en contra de la provincia con el consiguiente perjuicio económico para ésta" y que "la alicaída infraestructura hospitalaria no recibe el mantenimiento adecuado encontrándose más del 50% inhabilitada y el resto en situación deplorable, no habiendo asignado la provincia las inversiones adecuadas y ha utilizado, casi con exclusividad, fondos de la Cooperadora de Campo".
Giménez visitó las instalaciones del neuropsiquiátrico, y en sus manifestaciones referidas al pedido de informes sostiene que "los recursos humanos son insuficientes para atender a los pacientes en asistencia, sean internados como con tratamiento ambulatorio, lo que habría sido evidenciado públicamente por insistentes reclamos del sindicato que nuclea a los trabajadores (el Sindicato de Empleados Públicos) manifestando su preocupación por la situación en que se los coloca incluso con la posibilidad de ser demandados por mala praxis".
"Que la menguada planta de personal hace que se imposibilite cumplir con sus obligaciones como es la de evolucionar diariamente las historias clínicas de los pacientes tal como lo establece categóricamente la ley", afirmó.
Y aseguró que "todo ello implicaría que no se estaría cumpliendo con la Ley 9.848", en tanto la situación "aparece como un concepto manifiestamente opuesto al que se corresponde con una adecuada política de salud mental, lo que amerita el presente pedido de informe".