Los caminos de la Municipalidad de Villa María en el caso José Amaya van rumbo, inexorablemente, a pagarle una cifra millonaria al chico, quien en el año 2000 se accidentó al realizar una pirueta en una clase de gimnasia en el Salón de los Deportes.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba le dijo No a una última jugada de los asesores letrados de la comuna en el caso.
En noviembre, la Justicia local había rechazado un recurso de casación presentado por el abogado Manuel Palomino, apoderado del demandado Hugo Aballay -quien dictaba las clases- y por Luis Rey, letrado de la codemandada Municipalidad, contra la sentencia del 19 de noviembre de 2008 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de esta ciudad, por la cual se habían rechazado los recursos de apelación interpuestos por las citadas partes y se había confirmado la sentencia del 3 de agosto de 2005, dictada por la jueza de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia, Ana María Bonadero de Barberis.
La magistrada había condenado en aquella ocasión a la comuna y a Aballay a pagar diversos montos en concepto de “daño emergente”, “pérdida de chance para el menor” (se mensuró, de alguna manera, la falta de oportunidades que el suceso le deparó al joven, en ese entonces de 16 años de edad, en diversos ámbitos), “daño moral” y también por “lucro cesante, pasado y futuro”, a favor de la madre de José, Cleofé Broggi.
Tras esta decisión adoptada en noviembre pasado, el Gobierno de Eduardo Accastello puso su mirada en Córdoba, y presentó un recurso directo ante el máximo órgano judicial de la provincia, solicitando el efecto suspensivo de la medida. Según indicaron ayer fuentes de EL DIARIO, el tribunal no hizo lugar a la pretensión del municipio, quien habría pedido la suspensión basado en cuestiones de orden público.
Ante la novedad, favorable a la familia Amaya, los abogados del joven iniciaron los trámites de ejecución de la sentencia. Según el Código de Procedimiento de la provincia, cuando está involucrado el Estado se debe esperar cuatro meses para poder ejecutar el fallo, período que se empezó a ejecutar una vez rechazado el recurso.
@ Las claves de un caso polémico
• José Antonio Amaya tenía 16 años en enero de 2000, cuando realizó una pirueta en el Salón de los Deportes que lo dejó sin poder caminar. Luego de años de rehabilitación, recuperó la movilidad.
• El chico iba a clases dictadas por Hugo Aballay, quien argumentó que Amaya “no era alumno”, que “concurría de vez en cuando” y se desvinculó del municipio, el que le daba un espacio en el salón en comodato.
También resaltó que el doble salto mortal que hizo José “no estaba en el despliegue de la actividad normal”.
• “El poder municipal podía y debía controlar las actividades deportivas que se realizaban en el Salón de los Deportes en ejercicio de su poder de policía”, advirtió la jueza Bonadero de Barberis.