El asesor letrado de la Municipalidad de Villa María, Luis Rey, aclaró ayer que no hubo revés de la comuna ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, en el marco del caso José Antonio Amaya, ya que “aún no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión, o sea, el recurso directo presentado el año pasado”.
EL DIARIO reveló ayer que el TSJ no hizo lugar al pedido oficial del efecto suspensivo a un fallo adverso, pero Rey remarcó que pese a eso el Tribunal “no ha resuelto sobre el fondo de la cuestión”.
“Al recurso directo lo presentamos el año pasado, luego de que la Cámara no diera lugar al recurso de casación”, indicó.
El funcionario hizo alusión a la determinación de la Justicia de esta ciudad, la que en noviembre de 2010 había rechazado un recurso de casación presentado por el abogado de Hugo Avallay -quien dictaba las clases en el Salón de los Deportes, en una de las cuales se accidentó Amaya- y los letrados de la comuna, contra la sentencia de noviembre de 2008 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo.
Este fallo de 2008, significó el rechazo de los recursos de apelación interpuestos por las citadas partes y la confirmación de la sentencia de 2005 dictada por una jueza en lo Civil, Ana María Bonadero de Barberis, la que había condenado al Estado municipal y a Avallay por el caso, aunque le endilgó también responsabilidad al joven por su trágica pirueta.
“Está pendiente de resolución el recurso directo presentado, que podría revertir la sentencia de dos cámaras”, advirtió Rey.
En cuanto a los efectos suspensivos de una medida, el abogado consideró que “los recursos directos no tienen efectos suspensivos, sólo por vía de excepción puede darse cuando se disponga una medida cautelar trabándose un embargo que afecte el normal desenvolvimiento de los servicios municipales”.
En este aspecto, adelantó que “instaremos al TSJ a que ordene la suspensión de la medida en el caso que se presente un riesgo para el desarrollo de la actividad estatal”.

“Dispuestos a terminar, pero...”

- ¿Qué debe esperar la familia Amaya para poder cobrar lo que, según el fallo que se confirmó en segunda instancia, corresponde?
- Debe esperar a que el TSJ resuelva el recurso directo.
- ¿A cuánto asciende el monto en la actualidad?
- Supera el millón y medio de pesos.
- Más allá de las batallas judiciales, la familia ha revelado que el Estado no dio un peso para la rehabilitación de José...
- Nosotros estuvimos en tratativas con los abogados que lo asisten, buscando un arreglo, haciendo concesiones recíprocas. Si primero pretenden un monto y luego otro, dificulta llegar a un acuerdo. El municipio está dispuesto a terminar con esto, pero dentro de una lógica.
- ¿Tiene alguna estimación sobre cuánto podría demorar el TSJ en expedirse?
- No... puede transcurrir un año; no puedo estipularlo.
- La jueza Bonadero, en su fallo, responsabiliza al joven pero es contundente en su declaración de responsabilidad del Estado. ¿Cuáles son sus argumentos para sostener la postura oficial?
- Con todo respeto por la gente, por Amaya hijo, que ha tenido que soportar esta tragedia, por los padres que tremendamente sufrieron y ven a su hijo en esas circunstancias, con dolor, yo entiendo que el municipio no tiene ningún tipo de responsabilidad.
Fue un acto irresponsable del chico, cometido desde su juventud y habiéndolo hecho a espaldas y a escondidas de Avallay, por eso el municipio no puede responder. Lo dicen los testigos, está en el expediente.
Avallay regenteaba el gimnasio y el municipio no propiciaba ni auspiciaba absolutamente nada de ese gimnasio.
- La magistrada habló sobre el poder de Policía que le corresponde al Estado.
- El control del que habla el fallo no es tal. La jueza se refiere a que el trampolín no tenía el vallado de seguridad, tal vez no se entendió que es un trampolín de madera móvil, no hay vallado de seguridad, se llevaba de un lado para el otro.