En líneas generales, cuando cronicamos las historias de usurpación, el dueño de la casa tiene más recursos que el que la ocupa. Este caso es inverso.
María Liz Mercado enviudó hace un año y medio y aún no puede cobrar su pensión. Vive gracias a la ayuda de su madre y de una de sus tres hijas.
Su marido le dejó una casa de un plan habitacional del Bello Horizonte, pero no puede vivir allí porque en los ´90, otra familia la ocupó y aún no puede desalojarlos.
Quien habita actualmente la propiedad de la calle Santa Marta al 844 es Ricardo Daniel Montenegro, empleado de la empresa de colectivos Córdoba-Coata, quien percibe un ingreso superior al promedio.
La historia de adversidades de María Liz comenzó a principios de los ´90, cuando la política menemista hizo que su esposo, Alberto Luis Venanzetti, quedara sin el empleo de ferroviario.
“Nos fuimos a Cosquín, donde un primo nos ofreció hacernos cargo del bar de una estación de servicio y dejamos la casa al cuidado de mis suegros. Ellos iban lo más que podían, pero un mal día, esa familia ingresó a nuestra casa y no se fue más”, relató María Liz a EL DIARIO.
El tiempo pasó, ella enviudó y actualmente vive con su madre en un departamento alquilado. “Imaginate que estoy desesperada porque a esta altura del mes, todavía no pude juntar para el alquiler”, dijo. Sus tres hijas también alquilan.

Insólito

Ante esa injusticia comenzó con los reclamos. Primero, extrajudiciales. “El abogado de Montenegro era primero Carlos De Falco, quien nos mandó una nota firmada por gente de una inmobiliaria diciéndonos que esa gente iba a dejar la casa si nosotros le dábamos 48 mil pesos por las mejoras”, relató.
Después, los Montenegro cambiaron de abogado. Ahora los representa el estudio de Jorge Suffé, quien en un primer momento les pidió 12 mil y dos autos y ahora bajó la tarifa sólo a los 12 mil. “Es insólito. Me piden plata para devolverme mi casa”, señaló la mujer.
La política, tampoco está ausente de este caso. “Fui a hablar con Nora Bedano (diputada nacional) hace como un mes, porque me dijeron que eran punteros de ella. Muy amable me atendió pero me dijo que ni ella ‘ni Cristinita’ podían hacer nada”.
Hace dos años, María Liz formalizó el pedido de desalojo en la Justicia. “Mi abogada, Susana Corigliano, que gentilmente nos asiste, nos pide paciencia. Asegura que nos van a devolver la casa, pero que va a llevar tiempo. Y no es que no tenga paciencia, pero mi marido se murió de tristeza por esa causa y no quiero que a mí me pase lo mismo”, concluyó.