Los abogados María Virginia y Elías Achad, quienes representan al joven José Antonio Amaya (quien en enero de 2000 realizó una trágica pirueta en el Salón de los Deportes) indicaron ayer que "resulta llamativa la insistencia del municipio en deslindar su responsabilidad y en responsabilizar a quien fuera un adolescente que practicaba gimnasia en el Salón ‘Municipal’ de los Deportes, luego de más de diez años de litigio y fundamentalmente luego que el transcurso del tiempo haga esfumar cada vez más las legítimas expectativas de José de dar una vuelta de página, terminar con el conflicto y reiniciar su vida concretando de una vez por todas sus aspiraciones personales".
Tras conocer declaraciones de Luis Rey, asesor letrado del municipio, en EL DIARIO, los abogados señalaron que "si bien es cierto que está pendiente de resolución el recurso directo (última instancia judicial recursiva dentro del ámbito de competencia del Poder Judicial de Córdoba), también es cierto que con el único objetivo de impedir a Amaya la ejecución de lo que por derecho le corresponde, la comuna pidió al Tribunal Superior de Justicia se le otorgue al recurso directo efecto ‘suspensivo’, es decir, que se paralice la causa hasta tanto se resuelva el planteo esgrimido por los demandados".
"El Tribunal Superior de Justicia dijo que no. Primero, porque tal como dice en su decreto el más alto Tribunal de la provincia, es reiterada su jurisprudencia en el sentido de no otorgarle efecto suspensivo a dicho recurso. Segundo, porque tal como lo admite el asesor letrado municipal “los recursos directos no tienen efectos suspensivos” y ello esta previsto en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la provincia", manifestaron.
Los representantes legales de Amaya sostuvieron que "no refleja el municipio vocación de solucionar el conflicto, más allá de que el propio intendente fuera quien se comprometiera a solucionar los juicios originados por hechos que hubieren ocurrido durante su gestión".
"No es cierto que primero pretendamons un monto y luego otro -como declaró Rey a este diario-. Las expectativas de José no son convertirse en ‘millonario’. Necesita una adecuada rehabilitación y tratamiento que le permita lo que durante todos estos años se le ha negado: mejorar su salud, lo que redunda en la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, trabajar dignamente y poder darle a su pequeña hija todo lo que necesita", explicaron.
"La constante negativa de responsabilizarse de ambos demandados, conculca en los hechos un derecho humano fundamental: el derecho a la salud y la postergación del mismo ( ahora hasta que el TSJ resuelva el recurso directo) sigue ocasionando daños irreparables. Esta respuesta del asesor letrado municipal es claramente descriptiva de la pobre vocación de la Municipalidad por llegar a un acuerdo transaccional que por un lado repare el daño sufrido y por el otro evite someter a José a la esteril dilación judicial de esperar el resultado del TSJ. La pura lógica nos habla de la responsabilidad municipal, no sólo por haber incumplido con el deber de custodia y protección que merece y requiere un menor de edad, cuando se halla dentro del ámbito físico de la Municipalidad practicando una disciplina gimnástica bajo la organización y supervisión de quien ella designara para tal propósito. La Municipalidad tiene obligación con el ciudadano Amaya, que se halla discapacitado y necesita, en estas circunstancias, del Estado. Seguramente los ciudadanos no aspiran a que se cuiden sus recursos, desamparando a quienes necesitan de el”, concluyeron.