Escribe: Guillermo "Quito" Mariani (*)

“Los únicos privilegiados son los niños” fue una consigna proclamada entre nosotros allá por 1950.
Hay que reconocer, sin embargo, que aunque expresa un ideal para toda sociedad que se precie y tenga esperanzas de crecer, nunca llegó a cumplirse plenamente.
Es cierto que en ella se originaron y apoyaron diversas instituciones para llevar a cabo iniciativas tan importantes como Unicef a nivel internacional, CONIN a nivel nacional, La Luciérnaga en la ciudad de Córdoba, Infopaci en Bell Ville, y otras más anónimas.
También hay que tener en cuenta las importantes declaraciones internacionales como el documento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989) y nuestra Ley Nacional 26.061 de promoción integral de esos derechos (2005 y 2007). Pero la perfección de estos documentos no se ha traducido por parte del Estado, sino en muy pocas ocasiones, como la de la Asignación Universal por Hijo, el Paicor u otras menos conocidas. Ni tampoco en la eficacia de las iniciativas privadas, abandonadas muchas veces a la precariedad de los medios conque cuentan.
Nos enfrentamos ahora a una violación local de estos derechos fundamentales de los chicos, que es el del acceso a una alimentación adecuada para no dar paso o remediar la desnutrición infantil, generadora de muchas otras consecuencias perniciosas personal y socialmente. El Paicor (creado por allá por el ‘83 y declarado por la OEA como el mejor programa latinoamericano) fue iniciativa oficial para que los chicos en edad escolar recibieran una vez por día un plato de comida en el mismo establecimiento a que concurrían, vino a remediar no sólo situaciones de pobreza extrema en que los chicos directamente no comían, sino también otras en que los padres, exigidos por sus trabajos, no podían dedicarse adecuadamente a procurar la alimentación regular de la familia. Quizás la organización nació con algunas deficiencias que debían irse remediando con el tiempo y la experiencia.
Ahora, de un plumazo, 20 mil chicos de las escuelas cordobesas quedan repentinamente excluidos de ese beneficio. La explicación: el endeudamiento provincial y el abuso de quienes disponiendo de altos salarios se aprovechan de ese beneficio orientado hacia los más pobres.
Recurramos a la estadística oficial. De esos 20 mil, 15.200 pertenecen a familias que reciben salarios mayores de $2.500 y menores de $6 mil. Sólo 3.800 pertenecen a familias que reciben entre 6 mil y 10 mil pesos. Quien vive en la lucha diaria sabe que una familia de cuatro personas, con entrada mensual menor a 6 mil no dispone de dinero “para tirar manteca al techo” y ni siquiera para cumplir las obligaciones de alquiler, servicios, impuestos, elementos escolares, movilidad…etcétera. Quizás los más cercanos a los $6 mil, sometiéndose a una cierta austeridad, podrían subsistir. Pero, aunque los estudios investigativos sean correctos, ¿no vale la pena excederse un poquito en los beneficios a los chicos, ahorrando de la multiplicidad de obras casi faraónicas el mendrugo de dinero que se quiere recuperar en este caso?
La demolida Casa de las Tejas y las obras de construcción de la nueva, con los millones de gastos de alquiler hasta que se concluya ¿no son un clamor gigantesco contra esta violación de los derechos infantiles? Si realmente queremos una sociedad justa, con seguridad y progreso, es necesario renovar el propósito de que los privilegiados sean los chicos y no los intereses eleccionarios de los políticos. Es bueno recordárselo al Gobierno de Córdoba que acaba de decidir que los niños no sean ya aquí y ahora, los únicos privilegiados.


(*) Presbítero de la Iglesia Católica