Tras las detenciones logradas hace seis días (ver nuestra edición del jueves 17 de marzo), aún quedan al menos dos personas prófugas en relación a la causa que investiga el juez Federal de Villa María, Mario Eugenio Garzón, de manera conjunta con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que tiene en la mira a un grupo económico llamado Ainter Trans que operaba en Villa María, Río Tercero, Río Cuarto, Córdoba, Mendoza y Chile, aparentemente, acopiando y transportando soja sin tributar los impuestos pertinentes.
En las últimas horas surgieron algunos datos que son interesantes para contextualizar el caso.

"Importante y llamativo"

Ainter Trans es el grupo económico investigado en esta lucha contra la millonaria evasión impositiva producto de la venta de granos en negro y en los últimos años había registrado un "importante y llamativo" crecimiento patrimonial, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz, dos grandes granjas destinadas a la cría de aves, una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional y autos importados en los que se movilizaban los empresarios.
Este hecho llamó la atención de la AFIP, por lo que se inició la investigación en la que se libraron una decena de órdenes de detención, de las cuales se hicieron efectivas ocho.
"Estos bienes -indica el informe del organismo nacional- fueron registrados a nombre de sociedades fantasmas cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar la adquisición de semejante patrimonio. Con esta maniobra se buscó generar el ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado".

Desde el año pasado

Tras la denuncia de la AFIP, el Juzgado Federal de Villa María, a cargo del juez Mario Eugenio Garzón, ordenó a fines del año pasado una serie de allanamientos en los que el organismo fiscal secuestró 100 cajas de documentación probatoria de los hechos investigados.
Las nuevas órdenes de detención se basaron en las investigaciones que los agentes de la AFIP realizaron en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y Río Tercero.

Nombres conocidos

Como ya publicó EL DIARIO la semana pasada, uno de los detenidos fue el contador villamariense Miguel “Cocho” Alvarez, quien tras pasar 48 horas a la sombra pagó una caución de 300 mil pesos y recuperó la libertad, aunque, desde luego, continúa procesado.
Otra de las personas aprehendidas es una mujer de apellido Valentinuzzi, quien sería sobrina del juez Federal de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi, quien a su vez fue investigado por la Justicia Nacional por haber dictado medidas cautelares favorables a empresas que comercializan cereales.
En tanto, del grupo de abogados que defiende a los detenidos sobresalen dos nombres que son de público conocimiento: José D’ Antona, quien junto a Carlos Hairabedian, representa legalmente a Carlos Menem en la causa que se le sigue por la explosión de Río Tercero, y un abogado de apellido Aráoz, hijo del recordado funcionario menemista Julio César “Chiche” Aráoz.

Camiones por libertad

Según pudo saberse extraoficialmente, la firma investigada habría ofrecido como caución una importante cantidad de camiones de los que utilizaban para transportar el cereal “de la discordia”, para que sus asesores económicos, hoy alojados en Bouwer (cinco de ellos) y en el penal de Barrio San Martín de Córdoba) los dos restantes, quienes junto al villamariense Alvarez (libre bajo fianza) completan la cifra de ocho aprehendidos.
Cabe recordar que hay al menos dos personas prófugas en torno a esta causa.

Principales involucrados

No obstante, más allá de los nombres citados más arriba, todo indica que los principales involucrados en esta causa son los hermanos Walter y Richard Soliz, sospechados de haber diagramado y orquestado una asociación ilícita fiscal.
La AFIP detectó 650 mil toneladas de soja y maíz comercializadas en negro desde Córdoba, lo cual representa un monto de operaciones marginales de aproximadamente 430 millones de pesos.

Hace seis días

Hace seis días, el pasado jueves 17 de marzo, el juez Garzón ordenó allanamientos en Villa María, Río Tercero y Córdoba, de los cuales resultaron detenidos el contador villamariense Alvarez, otra persona en Río Tercero y dos más en Córdoba. Al día siguiente, fueron detenidas otras cuatro personas y 24 horas después, y pagando una fianza de 300 mil pesos, el mencionado contador local recuperó la libertad.
Fue dictado el secreto de sumario y la investigación continúa en plena vigencia.