Siete familias, que en total están compuestas por 30 miembros, temen que sean desalojadas del barrio Ctalamochita de Villa Nueva, donde residen, por una curiosa circunstancia.
El caso llegó al Concejo Deliberante a través de la edil radical Sandra Bailone, pero llamativamente el secretario de Gobierno del municipio (ver recuadro) no lo conoce.
Según se conoció, llegaron notificaciones y cartas a los residentes del sector ubicado detrás del cementerio en las que se deja traslucir que podrían ser desalojados de sus viviendas. Una fuente oficial indicó que “los (anteriores) dueños de los terrenos buscan que se identifique a quienes están allí y preguntan por qué están viviendo en ese lugar; por el momento no hablaron de desalojo”.
Quienes allí residen lo hacen desde hace dos décadas pero tienen problemas en cuanto a los títulos de propiedad de sus inmuebles.
Bailone detalló que en 1991 -Nota de la Redacción: durante la Intendencia de Carlos Zanotti- el órgano legislativo dispuso por ordenanza “compensar la deuda de Tasa por Servicios a la Propiedad del señor José Mattea por una fracción de terreno que el mismo entregó al municipio”. En la norma se apuntó que la comuna “venía considerando y aceptando este tipo de compensaciones” y que tenía “la posibilidad de destinar ese bien (los terrenos) a un fin comunitario, como puede ser un loteo para la construcción de viviendas”.
La concejala precisó que posteriormente el Deliberante dispuso donar fracciones de terrenos a distintas personas (que ella identificó) y se estableció que “una vez realizada la subdivisión se dará el lote con designación a cada adjudicatario”.
Las donaciones eran exclusivamente para la construcción de sus únicas viviendas.
Bailone explicó que en 1994 se sancionó otra norma en la que se consignó que, “supuestamente, los adjudicatarios beneficiados no habrían cumplido con la obligación de construir su vivienda en los terrenos donados a ellos”.
“En la misma disposición legal -abundó Bailone- se detallan aspectos relacionados a los proyectos de subdivisión y a algunos inconvenientes surgidos de los mismos, como así también que se asignaría un porcentaje de la superficie a otros efectos”.
La legisladora radical puntualizó que en 1998 el Ejecutivo hizo constar que una de las beneficiarias ocupaba una fracción de terreno y que en el mismo levantó su vivienda. Otros beneficiarios afirmaron residir en el sector desde hace veinte años y aseguraron que sus casas fueron construidas con antelación a la norma de 1994.
Quienes viven en este sector atraviesan una dura situación económica y se ven acongojados por la inesperada situación de incertidumbre generada.

Las claves

• 1991: Por ordenanza, la comuna compensó una deuda de tributos de José Mattea por una fracción de terreno que éste entregó al municipio • Luego, también por ordenanza, se donó el terreno a las personas que hoy residen, “exclusivamente” para construcción de viviendas • 1994: Una nueva norma deroga las anteriores y se indica que, supuestamente, no habían cumplido con la obligación de construir sus casas • 1998: El Ejecutivo extiende un certificado en el que se deja constancia de que una de las beneficiarias levantó su residencia allí; otros adjudicatarios afirman que residen en el sector y que construyeron previo a la ordenanza de 1994 • 2011: familiares del ex dueño de las tierras notifican a los residentes porque quieren identificarlos y saber por qué viven allí. Se teme un juicio de desalojo. Muchos de los vecinos son analfabetos y todos están en situación de pobreza.