Con Vanesa Cufré, de ATTTA (Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) Villa María, la comunidad trans presentó los pormenores de su realidad diaria ante ediles y periodistas, en una reunión celebrada ayer a la mañana en la medioteca, impulsada por el programa de diversidad sexual que lleva adelante desde hace varios años la Universidad Popular, dependiente de la Municipalidad de esta ciudad.
Frente a la secretaria del edil Carlos de Falco (Unión por Córdoba - Partido Justicialista) y los concejales Carlos Andrada (Villa María Movimiento Nacional) y Ricardo Pereyra (Democracia Cristiana), se puso sobre el tapete diversas circunstancias que deben atravesar quienes poseen un Documento Nacional de Identidad (DNI) que no concuerda con su nombre e identidad de género.
Precisamente, la Ley de Identidad de Género y la asistencia sanitaria a personas de esta comunidad estuvieron en el centro de la charla.
“Muchas no viven más de 35, 40 años”, reflejaron las anfitrionas del evento, contando que por la exclusión que sufren del sistema de salud y laboral quedan a merced de la suerte.
En diálogo con la prensa, Cufré resaltó que el proyecto de ley busca “mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos que son vulnerados y discriminados por su DNI” y enfatizó que “queremos el cambio registral para acceder a salud, educación y trabajo y evitar todos los inconvenientes que se dan porque nuestra identidad no es la misma que la del DNI”.
“De todo esto no se habla mucho y la gente no tiene mucha información, por eso instamos a la apertura de estos lugares en donde se pueda debatir”, expresó.
En su charla con EL DIARIO, Cufré consideró que “la sociedad ha avanzado, pero no las leyes, nuestros derechos siguen restringidos con DNI que no son acordes a la expresión de nuestro género”.
La dirigente subrayó que toda esta circunstancia los aleja del acceso a la educación, el trabajo, la salud y la vivienda.
“Nueve de cada diez personas de nuestra comunidad son excluidos del mundo laboral y educativo”, afirmó y contó que más allá de una ley de matrimonio igualitario “el margen de discriminación es el mismo y nosotros queremos nuestra identidad femenina”.

La esencia del proyecto

La Ley de Identidad de Género busca asegurar el reconocimiento de la dignidad, la singularidad y del propio proyecto de vida de las personas trans (transexuales, travestis, transgénero), promoviendo el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las personas discriminadas por identidad de género, transexuales, travestis, transgénero.
También plantea impulsar la implementación de un área estatal específica para la atención de las personas trans y la promoción de su integración y garantizar el derecho a la identidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo con el que fueron inscriptas al nacer.
Regular el procedimiento para la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de una persona cuando dicha inscripción es contradictoria con su identidad de género es una de las claves de esta norma.
Entre otras cosas, crea la Oficina de Identidad de Género, la que coordinará un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Salud, el Derecho, la Psicología y la Sociología a los efectos de evaluar las solicitudes de rectificación registral del sexo y cambio de nombre.
Por la ley, “toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y cambio de nombre cuando su identidad de género sea contradictoria con dicha inscripción”.