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6 de Abril de 2011
Registro de Detenidos por el Código de Faltas. ¿Es posible en Villa María?
Dispares opiniones entre los concejales de la ciudad
El Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó por unanimidad una ordenanza propuesta por organizaciones de derechos humanos, por la cual se crea un Registro de Detenidos por artículos del Código de Faltas. En esta nota, concejales de distintos bloques opinan sobre su posible aplicación en Villa María
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F1: Carlos Andrada a favor de herramientas en defensa de los ciudadanos. F2: Cámpora pide que no confundan inseguridad con discriminación. F3: Miguel Zandrino cree que es una buena medida. F4: Giuliani, de HIJOS, explicó los fundamentos. F5: De Falco

La iniciativa aprobada en Río Cuarto (ver nota en esta página) posibilitará a los chicos tener un espacio oficial -la Municipalidad- adonde recurrir ante lo que pueden considerar detenciones injustas o por “portación de cara”.
El tema no es ajeno a esta ciudad, dado que son repetidas las veces que vecinos y organizaciones sociales denuncian abusos policiales.
Ante eso, EL DIARIO quiso conocer la opinión de los ediles de diferentes bloques, quienes, en líneas generales, se oponen a las detenciones arbitrarias, aunque no todos coincidan en que es posible aplicar una ordenanza similar en Villa María.

@ A favor

Miguel Zandrino, de la UCR; Carlos Andrada, del grupo Villa María Proyecto Nacional y Popular, y Rosa Cámpora, del Ateneo Eva Perón, coincidieron en señalar que más allá de la necesidad de estudiar los detalles del proyecto es importante tomar cartas en el asunto que afecta principalmente a vecinos jóvenes y pobres de los barrios de la ciudad.
“Justamente ahora estamos trabajando para colaborar con un joven que es recurrentemente detenido por el Código de Faltas”, dijo Zandrino. “Intervino incluso la APDH, hablo con el comisario y cuando el jefe sabe que el chico está detenido sale enseguida, sino queda por varios días”, agregó.
“Quizá lo ideal sería modificar el Código de Faltas y sacar figuras como el merodeo que es tan poco clara y manipulable”, afirmó el edil radical.
En el mismo sentido, Rosa Cámpora señaló que comenzó a estudiar las alternativas para defender a los ciudadanos discriminados. “Yo creo que está bien que la Policía haga tareas de prevención, pero eso no significa detener a un chico por el color de su piel”, dijo.
“Para que salga un proyecto de la naturaleza de la ordenanza de Río Cuarto, el oficialismo tiene que tener voluntad política”, afirmó la edil del Ateneo Eva Perón.
A su turno, Carlos Andrada consideró -aclarando que no conocía los pormenores de la ordenanza en cuestión- que coincide con “el espíritu de la normativa, porque en nombre de la seguridad no se pueden avasallar otros derechos, como la libertad”.
Entiende que la problemática excede a la Policía por lo que es una buena iniciativa “que abordemos el problema entre todos los ciudadanos”. “No sé si es factible una ordenanza como la de Río Cuarto en Villa María, pero creo que hay que generar una herramienta que ayude a garantizar la libertad de los ciudadanos”, concluyó.

@ En contra

Carlos De Falco, edil de Unión por Córdoba, aclaró que su opinión es a título personal, porque no es algo conversado en el bloque.
“En primer lugar, considero que el Código de Faltas debería ser reformado, entre otras cosas porque fue elaborado en 1980, durante la dictadura y con algunas reformas siguientes, la más importante fue en 1994, durante el Gobierno de (Eduardo) Angeloz”, comenzó a explicar el edil.
“El Código sanciona conductas que pueden ser consideradas antisociales. Por ejemplo, la conducción peligrosa, la discriminación, la reventa de entradas en espectáculos públicos, etcétera”, dijo, enumerando los aspectos positivos de la ley.
“Pero el problema es que por un lado han quedado artículos que son resabios de la dictadura, como el de la negativa a identificarse y por el otro lado, hay que decir que es muy cuestionable el procedimiento que hace que sea la misma Policía la que juzgue”, indicó.
Precisamente, por considerar que las situaciones injustas se encuentran en el mismo Código, es que cree que no es injerencia de la Municipalidad intervenir. “Deben ser los legisladores los que modifiquen esa ley y no la Municipalidad, que está para administrar una ciudad y no para este tipo de acciones”, dijo.
“De acuerdo a la Carta Orgánica, no es nuestro rol inmiscuirnos en normas provinciales”, remató.
@ Los fundamentos del proyecto aprobado en Río Cuarto
Luciano Giuliani, de la agrupación HIJOS de Río Cuarto e integrante de la comisión Municipal de la Memoria, es uno de los impulsores de la iniciativa que se aprobó el lunes en la ciudad del sur.
Destacó, en diálogo con EL DIARIO, que sería “ingenuo creer que con un registro se van a acabar las detenciones arbitrarias”, pero lo consideró un avance porque permitirá “contar con un elemento de prueba para la presentación del hábeas corpus para los que están perseguidos por la Policía”. También posibilitará a las organizaciones sociales comenzar a trabajar en base a información cierta, con programas de educación sobre derechos civiles.
Según registros de 2009, en Río Cuarto hay un promedio de cinco a seis detenidos por el Código de Faltas por día, de los cuales el 81% son jóvenes. “Los afecta en varios sentidos. Por ejemplo, en la inserción laboral, porque van perdiendo la posibilidad de acceder a empleos formales y esa situación los margina o los hace vulnerables para caer en los circuitos delictivos”, dijo.
Al referirse al Código de Faltas, señaló que en su articulado ataca la vigencia de la Constitución (artículos 18 y 19), dado que no da garantías a los detenidos. “Imagínese que si una persona mata a alguien la Policía no lo puede ir a buscar sin una orden del juez, tiene derecho a un abogado y se sostiene el principio de inocencia, por el cual es el que lo acusa el que tiene que demostrar su culpabilidad. En cambio, una persona detenida por el Código de Faltas, por ejemplo, por merodeo, invierte la carga de la prueba y tiene que él demostrar su inocencia. Además que no interviene el Poder Judicial, sino que es la misma Policía la que lo detiene y lo juzga”, indicó.
Considera que si bien la ordenanza no va a ser la solución al problema “es la primera acción positiva que se hace en torno a esta cuestión que afecta especialmente a ciudadanos pobres y jóvenes”.

@ Para VACAP, sería un buen comienzo
Derna Montero, integrante de Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales (VACAP) explicó que a su criterio es positivo contar con un registro “de las víctimas de detenciones arbitrarias. Es algo que nosotros queremos comenzar a hacer por los barrios, por lo que sería de gran ayuda un registro formal”, indicó.
Aclarando que hablaba a título personal, dijo que sería positivo que las organizaciones que trabajan en el tema, elaboren un proyecto para llevarlo a los ediles de la ciudad.

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