La famosa SOA (School of America) establecida por Estados Unidos en Panamá en 1946 y trasladada posteriormente a Fort Benning (Georgia), ha formado a unos 60 mil policías y militares pertenecientes a 23 países latinoamericanos, especializados en lucha contra la insurgencia. Muchos nombres muy conocidos en Latinoamérica por su acción dictatorial, y la represión más sofisticada en torturas y violaciones de los derechos humanos, figuran en esa lista. La llamada Doctrina de seguridad Nacional ideada por el Pentágono para utilización de las Fuerzas Armadas de cada nación como represoras de cualquier iniciativa democrática, contó siempre con gente ligada a esa escuela que fue, por eso, identificada como Escuela de Asesinos.
La pésima fama y hasta el fracaso en el mantenimiento de las dictaduras latinoamericanas, parecieron marginarla un poco de la acción y publicidad de su labor conspirativa sin escrúpulos, favoreciendo los intereses económicos y armamentistas de los Estados Unidos.
Pero ahora, al parecer, comienza un plan de establecer sucursales. En El Salvador, financiados por Estados Unidos se dictan cursos para adiestramiento en contra del terrorismo y sublevaciones populares.
Los métodos se despreocupan de toda vigencia de derechos humanos fundamentales. Allí fueron enviados por Mauricio Macri, oficiales de la Policía Metropolitana para recibir ese adiestramiento. Y así localizamos una sucursal.
Con el episodio de una requisa del avión norteamericano aterrizado en Ezeiza, que transportaba dos contenedores con armas destinadas al adiestramiento del grupo elite, “Grupo especial de operaciones” de la Policía Federal, nos enteramos de la segunda.
La inspección realizada con la supervisión del ministro de transporte J.P. Schiavi y el canciller H. Timerman constató la presencia de armamentos no precisados en el convenio bilateral y de sustancias extrañas cuya identificación, claramente resistida por empleados del avión, fue como “estupefacientes”. De acuerdo a explicaciones posteriores este tipo de sustancias se utiliza para paralizar a delincuentes armados. El material incautado, no incluido en el convenio, ronda los 3.800 m cúbicos.
Los funcionarios más importantes del “grande y democrático país del norte”, con Barack Obama a su cabeza, han manifestado molestia y perplejidad. ¿Cómo es posible que se someta a inspección la carga de un avión militar norteamericano, en un pequeño país de América del Sur? Citado el embajador Chiaradia por el mismo presidente Obama, en una entrevista que no pudo dejar de ser diplomática, las cosas parecieron arreglarse. Estados Unidos reclama la devolución de todo el material incautado.
La Presidencia, por otra parte, afirma que no tiene la menor intención de devolver esa carga, que constituye la prueba de la ilegalidad de la maniobra.
Desde allá se sigue argumentando que es “insólito” que un avión militar norteamericano sea sometido a requisa. Y sus cómplices de aquí afirman que tenía que haber mediado una orden judicial y se escandalizan por la crisis diplomática. Timerman ha advertido, cuerdamente, que las leyes argentinas deben ser cumplidas por todos sin excepción.
Estamos ante un hecho que sorprende por varios motivos. ¿Por qué, aunque fuera con material convenido previamente, se había consentido el ingreso de adiestradores yanquis al ámbito de la Federal? ¿Es tanta la impunidad del país del norte que puede permitirse no sólo la transgresión de leyes, sino hasta la violación de acuerdos mutuos? Y, sobre todo ¿estamos dispuestos a que la Escuela de las Américas nos tome como clientes ingenuos para abrir sucursales de su trágica historia? Esperamos del Gobierno nacional una actitud firme que no se compagine con la de mantener relaciones carnales que fomenta Clarín.

Presbítero José Guillermo “Quito” Mariani