La Justicia rechazó la acción de amparo presentada por la empresa Bunge Argentina SA y confirmó la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de suspender del Registro Fiscal de Operadores de Granos a la multinacional tras detectar créditos fiscales provenientes de operaciones con proveedores apócrifos o prestanombres que implican una evasión cercana a los 16 millones de pesos.
En su fallo, el juez Federal de Villa María, Mario Eugenio Garzón, avaló la sanción interpuesta por la AFIP el 17 de marzo cuando se detectó la incorrecta conducta fiscal de la firma Bunge. La maniobra investigada por el Fisco consiste en operaciones de compra de granos a supuestos proveedores apócrifos o prestanombres, tomándose, de esta manera, un crédito fiscal ficticio que luego era solicitado en concepto de recupero de exportaciones.
El monto evadido asciende a los 16 millones de pesos, de los cuales el 50% había sido canalizado en el mercado interno y el otro 50% restante hacia el mercado externo.
En la sentencia, el juez Garzón afirmó que la AFIP no actuó con "arbitrariedad ni con ilegalidad al momento de dictar la resolución que suspendió a Bunge Argentina SA del Registro Fiscal de Operadores de Granos".
Incluso, el magistrado sostuvo que la AFIP actuó conforme a la Resolución General 2.300, y citó: "La Resolución impugnada ha sido dictada luego del procedimiento previsto por la RG 2.300, y que Bunge SA ha tenido oportunidad de ejercer debidamente su derecho de defensa. A su vez no puede dejar de considerarse que esta RG 2.300, a la que la empresa se sometió por largos años, expresamente prevé que el no conformar los ajustes de fiscalización es motivo de exclusión del registro, supuesto expresamente señalado en el acto administrativo".