El mes de abril de 2008 quedará en la memoria de los villamarienses y villanovenses como uno de los más violentos. El día 1, el fiscal Francisco Márquez recibió un disparo a la altura de la cabeza, cuando iba a guardar el auto en la cochera de su casa, de barrio Villa Oeste. Y hoy se cumplen exactamente tres años del ataque a balazos que sufrió el entonces dirigente disidente de Luz y Fuerza, Alejandro Roganti. También en la puerta de su casa, en este caso en barrio Rivadavia y ante algunos de los integrantes de su familia, recibió cinco balazos y pudo evitar un sexto disparo realizado con una pistola por un sicario.
En el caso de Márquez se resolvió con una condena a 11 años de prisión en agosto de 2010 para Sebastián Fernández. Su cómplice, Claudio Márquez, también fue condenado pero quedó libre porque era menor de edad al momento del hecho.
En el caso de Roganti, uno de los autores materiales del hecho, Sebastián Eve, se encuentra ya condenado por la Justicia villamariense y alojado en el penal de Bouwer, en proximidades de la capital provincial. Su hermano, Maximiliano, continúa detenido en España, donde fue interceptado por Interpol, pero está pagando una condena en aquel país como integrante de una banda que asaltaba joyerías. La extradición está solicitada desde momentos posteriores a la captura por el fiscal local Daniel Del Vö, pero hasta el momento no fue otorgada.
Mientras Roganti “volvía de la muerte” gracias a la encomiable tarea del equipo profesional y humano del Hospital Pasteur, una treintena de entidades sociales se movilizaban en la ciudad y en Córdoba capital para exigir el esclarecimiento de un hecho con marcado tinte político.
Desde el comienzo, EL DIARIO y otros medios de comunicación, entre ellos los provinciales, sostuvieron la teoría del crimen por encargo, debido a datos precisos que obran en el abultado expediente, así como a otros surgidos de “la interna lucifuercista”, dado que Roganti y otro dirigente de la conducción, Sergio Hidalgo, renunciaron por evidente enfrentamiento con los manejos del secretario General Eduardo Brandolín.
En la causa inclusive estarían acreditados llamados cruzados entre los hermanos Eve y un teléfono corporativo del sindicato que usaba habitualmente Miguel Valente, considerado la mano derecha y socio en algunos emprendimientos del mencionado Brandolín.
De cualquier manera, parecería que la indagatoria y posterior condena a Maximiliano, el detenido en España, sería un “paso necesario” para emprender la vía hacia los autores intelectuales del hecho, ocurrido hace hoy tres años.
Alejandro Roganti, ahora legislador provincial por el juecismo, dijo horas atrás a una radio local que sigue creyendo en la Justicia.