Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales (Vacap) expresó su “solidaridad con el ciudadano y periodista Gabriel Correa, al tiempo que denuncia la violencia estatal -tanto física como psicológica- ejercida hacia su persona el día jueves 7 de abril por parte del personal policial Jorge Espinosa y tres agentes públicos más, dos hombres y una mujer, quienes abusaron de su poder en la vía pública hacia la mencionada persona”.
“Repudiamos éste y cada uno de los hechos de violencia policial llevados a cabo por el personal policial abusivo, que en cumplimiento de su deber actúa bajo órdenes de sus superiores, como es la política en dicha fuerza. Siendo a su vez responsable de estas prácticas el poder político local, con su política de seguridad diseñada para controlar a una parte de la ciudadanía estigmatizada como sospechosa, peligrosa o insurgente, en beneficio de otra parte de la ciudadanía considerada legítima o plena de garantías”, agregó.
Indicó además que para denuncias hay que dirigirse a la Fiscalía de turno y para solicitar ayuda urgente se puede llamar a los teléfonos 154122130, 154099263 y 4526121.
En tanto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos señaló en su nota que en su última reunión “estuvieron el periodista Gabriel Correa y la profesora Mónica, Sonzini, quienes solicitaron se les escuchara para informar del hecho en el cual se vio involucrado el primero, requiriendo luego que APDH se expida sobre el particular”.
“La situación que vivió el periodista es del dominio público y puede leerse en EL DIARIO del 9 del corriente mes, en donde se detallan los pormenores de este episodio entre Correa y agentes de la Departamental San Martín”, indicó la organización, para agregar que “reiteradamente hemos sostenido la necesidad de encontrar las herramientas no violentas, como respuestas a estas situaciones traumáticas que se producen en la vía pública y que faciliten formas de convivencia en un plano de respeto entre los ciudadanos y la autoridad”.
“Siempre queda la duda ante estos episodios, por lo que requerimos de la Justicia, en este caso en manos del fiscal doctor Gustavo Atienza, que se expida prontamente y ponga luz a esta situación, en donde está involucrado un ciudadano que tiene derecho a ser respetado y la autoridad que debe velar para evitar la violación de los mismos y garantizar la integridad de las personas.”