Escribe: Jesús Chirino

Una distancia de 490 kilómetros separa las localidades de Villa María y Bragado, provincia de Buenos Aires. Pero ninguna lejanía es capaz de vencer la solidaridad. Lo han demostrado infinidad de veces los villamarienses y no fue distinto cuando se dio el caso de aquellos que se conocieron como “los presos de Bragado”.

Explosión en casa de caudillo conservador

Faltaba algo más que un mes para que se cumpliera un año del derrocamiento del Gobierno democrático encabezado por el radical Hipólito Yrigoyen, cuando el 5 de agosto de 1931 en una casa de la localidad bonaerense de Bragado explotó una encomienda. Los lectores de Villa María y región leyeron la noticia publicada en el diario local Heraldo bajo el título “Un salvaje atentado”.

La crónica señaló que “una comunicación dirigida por el jefe de Correos y Telégrafos al ministro del Interior, informa de un atentado criminal perpetrado por manos anónimas, contra la familia del presidente del Partido Conservador y senador electo D. José M. Blanch”. El hecho había ocurrido alrededor de las 14 horas cuando un cartero llamó a la puerta de la casa del caudillo José Blanch y entregó un paquete. El Heraldo describió la encomienda como “…un bulto de reducidas proporciones, de un peso inferior a cuatro kilos, sin que nada hiciera presumir el trágico efecto que habría de producir instantes después…”. La crónica sigue señalando que “…cuando la caja fue descubierta, se oyó una violenta detonación provocada por la explosión de una bomba de gran poder…”.

La detonación del artefacto explosivo provocó el fallecimiento de Paulina Arrabarrena “siendo también alcanzadas por los balines que contenía la bomba la esposa del señor Blanch y una hija del mismo, llamada María Esther, de 12 años de edad, las que resultaron con heridas graves”. Según se publicó, la encomienda fue despachada desde la estación ferroviaria de Olascoaga, localidad ubicada a unos 18 kilómetros al sudeste de Bragado.

Detengan
radicales

De manera inmediata la policía inició un sumario y detuvo a varias personas. La versión periodística decía que “la primera impresión de los funcionarios policiales, se inclina a aceptar la hipótesis de que el hecho ha sido inspirado por sentimientos de venganza política”.

En un breve lapso de tiempo a la muerte de la cuñada del político conservador Blanch se le sumó el fallecimiento de su hija, a raíz de las heridas sufridas en el atentado. En tanto que la esposa del caudillo, de nombre Juana, siguió internada.

Pasaron pocas horas entre el suceso y las detenciones de más de treinta militantes radicales. Al frente al grupo policial del operativo se encontraba el inspector Enrique Williman, lo acompañaban los oficiales Ledesma, Vinotti, Rojo y Tula. Todos hombres de la Policía de la ciudad de La Plata. En aquellos tiempos en que gobernaba Uriburu y el fascismo despertaba adhesiones, la Policía usaba la tortura como método de interrogatorio. Basándose en ese terrible procedimiento la “fuerza del orden” dijo haber obtenido información para establecer que los principales sospechosos eran Melchor Durán y Juan Perutti. Los dos hombres insistían en su inocencia pero nadie los escuchaba. El 15 de agosto Perutti apareció muerto en su celda, se había cortado la garganta con una botella.

Vayan por los anarquistas

El día posterior al suicidio del radical comenzaron las detenciones de militantes anarquistas: Pascual Vuotto fue detenido en la estación ferroviaria Durañona. En tanto Julián Ramos, también ferroviario, fue arrestado en Mechita; por su parte los ladrilleros Reclús De Diago y Juan Rossini, fueron detenidos en Castelar, y Santiago Mainini, también obrero del ladrillo, fue apresado en Lomas del Mirador. A todos se los acusaba de haber asistido, el 16 de julio, a una reunión que se desarrolló en una quinta ubicada a pocos kilómetros de Bragado. La reunión existió, pero su finalidad fue recolectar fondos para editar una de las publicaciones obreras, tan características de los anarquistas.

Los detenidos eran militantes en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) central obrera de inclinación anarquista que también supo tener su delegación en Villa María. Aquí los anarquistas tuvieron importantes manifestaciones, grupos de teatro, biblioteca, etcétera. Incluso Severino Di Giovanni visitó de incógnito la ciudad, en el tiempo en que se organizaban expresiones de solidaridad con los inmigrantes italianos que en Massachusetts eran acusados de ser autores de un robo a mano armada seguido de asesinato sucedido en 1920. A pesar de pedidos originados en diferentes lugares del mundo, el 23 de agosto de 1927, los anarquistas italianos Saco y Vanzetti, fueron asesinados por el Estado mediante electrocución. El juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades y varias décadas después surgieron las pruebas que demostraron su inocencia. Sobre la presencia de los anarquistas en la ciudad, también debemos recordar que al ser detenido Severino Di Giovanni, en la localidad de Burzaco, en las afuera de la quinta donde paraban los anarquistas, el villamariense Braulio Rojas se enfrentó a la Policía, cayendo muerto a raíz de las balas que lo alcanzan. Di Giovanni fue fusilado en febrero de 1931.

Tanto los radicales como los anarquistas luchaban contra el régimen implantado a partir del golpe de Estado del 6 de setiembre de 1930. La orientación de la pesquisa hacia el conjunto de militantes de estos sectores tenía un objetivo político, pues qué mejor que para el poder político del momento que la corriente de indignación despertada por el atentado se dirigiera hacia los radicales y anarquistas. Pero no existían prueba alguna, sólo datos obtenidos mediante la tortura.

Entre las actividades que en el marco del caso realizó la policía estuvo el allanamiento de la casa de Vuotto, sin encontrar nada sospechoso, salvo el propio salvajismo de los uniformados que los llevó a torturar al niño Héctor Woollands de tan sólo 12 años de edad. En realidad no investigaban el caso sino que trataban de conseguir alguna prueba que apoyara la tesis que responsabilizaba a los anarquistas por el atentado. Así fue que el juez Juan Carlos Díaz Cisneros y el fiscal Juan Augé redactaron un informe afirmando que un grupo de anarquistas se había reunido en una quinta para planificar el atentado con complicidad de militantes radicales. Así se daban similitudes con el caso de Saco y Vanzetti, las irregularidades judiciales estaban a la orden del día. Pero al igual que ante aquel caso los villamarienses se solidarizarían con quienes no sólo habían sido detenidos injustamente, torturados sino que también fueron condenados a prisión perpetua. Sobre eso escribiremos el domingo próximo venidero.