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Juan Antonio Rusconi, asesor letrado y defensor oficial de los coimputados Pereyra y Fernández |
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Los jóvenes que se encuentran detenidos por su presunta participación en el ataque a balazos contra el fiscal Francisco Márquez, se abstuvieron de declarar al ser indagados ayer en la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno.
Sebastián Enrique Pereyra y Sebastián Fernández hicieron uso del derecho constitucional que les asiste y prefirieron guardar silencio en relación al grave hecho que se les atribuye, sin que ello sea tomado como una presunción de culpabilidad.
Pereyra, de 26 años, y Fernández, de 22, sólo comparecieron ante el fiscal Félix Martínez -y su secretaria Silvia Maldonado- sobre condiciones personales y, cada uno a su turno, fueron asistidos legalmente por el defensor oficial Juan Antonio Rusconi.
Tal como lo había anticipado EL DIARIO en su edición de la antevíspera, era un hecho que ambos sospechosos iban a abstenerse de declarar, modalidad procesal que es habitual entre los detenidos que son defendidos por el referido asesor letrado.
s A la cárcel
Una vez cumplida la medida, los dos jóvenes fueron trasladados al Establecimiento Penitenciario Nº 5, aunque en el caso de Pereyra se convirtió en su nuevo centro de detención ya que se encontraba alojado en la Comisaría de Distrito desde el jueves pasado, cuando fue apresado en su casa de barrio Felipe Botta.
Según trascendió, los próximos pasos del fiscal Martínez en torno a esta causa se llevarán a cabo la semana venidera, cuando disponga una “rueda de presos” en la cárcel local para establecer si Márquez reconoce, o no, al coimputado Pereyra.
Sobre el particular, la semana anterior dio resultado negativo una medida similar realizada con Fernández, ya que el fiscal de la Cámara del Crimen local no lo reconoció como uno de los dos sujetos que lo atacaron en horas de la madrugada del 2 de abril frente a su casa.
Por el momento, ambos jóvenes se encuentran imputados como presuntos coautores del delito de “tentativa de robo calificado” por uso de arma de fuego, calificación legal que podría llegar a cambiar por la de “tentativa de homicidio” si es que el instructor de la causa considera que hay pruebas de que los agresores de Márquez quisieron ultimarlo en vez de asaltarlo.
Pereyra, alias “Cler” o “Mellizo”, registra domicilio en Intendente Correa 971, en barrio Felipe Botta, mientras que Fernández, sin apodo conocido, se encuentra privado de la libertad desde el día siguiente del ataque al fiscal, aunque inicialmente por un hecho de “hurto calificado” que damnificó a una mujer, a raíz de la sustracción de un radiograbador.
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