Se realizó ayer una audiencia en la sede local de la Secretaría de Trabajo entre el delegado de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina) y un grupo de médicos representados por Carlos Gagliese y Walter Geisa.
Ambos tienen sus consultorios junto a otros médicos que fueron propietarios del Sanatorio Hernández, en un edificio ubicado en General Paz al 300 y la historia vuelve a repetirse, como en la letra de un tango.
“Hace un tiempo hicimos allí una inspección y detectamos que tenían dos empleadas administrativas sin registrar”, dijo Jorge López, de ATSA.
En función de esa irregularidad es que tuvieron una primera audiencia en la Secretaría laboral a la que no asistieron. “Tampoco fueron a la segunda y recién hoy -por ayer- se hicieron presentes Gagliese y Geisa”, agregó el dirigente gremial.
Los consultorios no tienen internación pero, según explicó López, el gremio que integra contempla una escala salarial para ese tipo de instalaciones sanitarias.
En la audiencia de ayer, presentaron un escrito en el que los médicos empresarios piden “tiempo para regularizar la sociedad”, según dijo Jorge López.
“Con respecto a las trabajadoras, indicaron que las van a blanquear”, agregó.
Mientras tanto, la dependencia laboral fijó tres multas a la empresa: una por la falta de registración y las dos restantes por no asistir a las audiencias.

@ Historia

Lo sucedido ayer en la Secretaría de Trabajo no sería inusual, si no fueran los mismos protagonistas de una historia que terminó con el cierre de una fuente de trabajo para más de 20 mujeres que aún reclaman la indemnización.
Después de un juicio en el que pidieron por sus derechos, la Justicia dio la razón a las ex empleadas. Luego, vino el remate del edificio y cuando pensaban que era la hora de cobrar, se encontraron con otra sorpresa, dado que otros acreedores se presentaron con “más derecho”, porque son titulares de una hipoteca sobre el edificio del malogrado sanatorio.
Esos acreedores son los mismos que fueron condenados a pagar indemnización, quienes habían traspasado los bienes de la sociedad a nombre de las personas que integraban esa misma sociedad, constituyendo la hipoteca. Algo difícil de entender desde el sentido común.
Sonia Arriarán, la abogada de las trabajadoras, ya presentó un recurso. Las empleadas, esperan la decisión judicial para saber si algún día, llegará la hora de cobrar, dado que esperan desde marzo de 2006, cuando cerró el Hernández.