Escribe: Guillermo "Quito" Mariani (*)

Tras las bravatas de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Eduardo Duhalde y otros, llega ahora un pronunciamiento alentador. Se trata del informe de la relatora sobre Vivienda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Raquel Rolnik.
Recordemos que la primera reacción de aquellos señores, ante los incidentes y las muertes producidas en la toma de parque Indoamericano, fue exigir al Poder Ejecutivo una reforma de la Ley de Inmigraciones. Elegante manera de xenofobia latinoamericana. Al negarse la autorización para que interviniera la Policía Federal, desde Estados Unidos el ex presidente Duhalde habló de la anarquía en la Argentina, mientras Macri afirmaba que el Gobierno nacional volvía la espalda para no hacerse cargo del problema. Con la repetición de las tomas y frente al hecho de Villa Lugano, los mimos personajes y su entorno exigieron desalojo con el uso de la fuerza pública. El aplomo y serenidad de la ministra Nilda Garré solucionaron el asunto, reiterando la política de no producir víctimas en las manifestaciones populares de disconformidad o reclamos. Su posición se calificó de debilidad y hasta se ridiculizó su orden para que las fuerzas de seguridad no portaran armas de fuego en la disolución de estas concentraciones.
Extractamos algunos párrafos del informe Rolnik después de haber visitado distintas organizaciones sociales y cooperativas. “No conozco otros países donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas cautelares”. Concretamente se refirió al desalojo y quema de viviendas de los integrantes de la Comunidad Qom en Formosa, el uso de la fuerza con disparos que causaron muertes en Villa Soldati y la acción intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia.
Aunque valoró la acción estatal de la inversión en viviendas, criticó que el programa se centrara en empresas constructoras. Como es evidente para muchos y desde hace mucho tiempo, el informe señala también la falta de leyes y mecanismos de regulación del precio del suelo. Los ingresos crecientes de las clases altas se trasladan a los precios de venta y alquiler de propiedades, y las clases medias, con dificultades para obtener créditos, pasan a competir con ubicaciones tradicionalmente populares. Así, en los lugares en que se realizaban hace poco tiempo loteos que permitían el acceso a la gente con menos ingresos, se han establecido ya los famosos countries o barrios cerrados. Se puede entender que ya no se encuentran lugares libres donde se pueda edificar (para los pobres).
Hay experiencias valiosas en Holanda, Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos en que las organizaciones privadas deben aportar un tanto por ciento de la superficie de tierra para viviendas de sectores de bajos ingresos.
Desde luego falta entre nosotros un plan y una legislación sobre el suelo y vivienda en el espacio urbano y rural.
Ya la presidenta ha enviado al Congreso la llamada Ley de Tierras que, a pesar de que en un principio abarcaba todos los sectores, ha quedado restringida la adquisición por parte de firmas extranjeras. Al parecer conociendo que a esta propuesta se opondrán poderosos intereses, declara la tierra “recurso estratégico no renovable”.
El acampe de la comunidad toba de Formosa en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, con una elocuente pancarta “La tierra es nuestra vida”, reclama devolución de las tierras de que fuera violentamente (dos muertos) desalojada. Los reclamos acaban de ser escuchados por el Gobierno nacional.
Del testimonio doloroso de inequidad y represión de acuerdo a los postulados de esa oposición que no recuerda a Santillán, Kosteki, Mariano Pereyra, los del Indoamericano, los de Formosa y otros no tan recientes, al diálogo en busca de soluciones.
El desafío, añade Rolnik, es lograr una oferta de tierras y viviendas dignas antes de que se produzcan las ocupaciones. Pero no son alternativas justas ni razonables el desalojo y la represión.


(*) Presbítero de la Iglesia Católica