Escribe: Elvio Omar Toscano (*)

En los medios de prensa escritos de la ciudad se distinguen en los últimos días los hechos de violencia producidos por menores, y se resaltan opiniones de personas vinculadas al ámbito de la Justicia.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Delegación San Martín, en su compromiso por la vida, educación, salud, vivienda, trabajo, no puede menos en esta oportunidad que reiterar su opinión sobre estas situaciones sociales, como lo ha hecho en otros momentos, en especial el año pasado cuando se trató el tema de la imputabilidad de los menores.
En esa ocasión afirmábamos que la Asamblea a nivel nacional realizó un encuentro con el título: “Niñez y acceso a la Justicia”, conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo”.
“En las tareas que se cumplieron en dicha jornada, se formularon preguntas, se dieron respuestas y reflexiones, teniendo en cuenta pronunciamientos que permanentemente realiza la sociedad sobre cuestiones sociales y en particular, entre otras, aquella afirmación, de que en la provincia de Buenos Aires hay más de 400 mil niños/as y adolescentes que no estudian ni trabajan”.
“Semejante aseveración, ‘no produjo escándalo ni conmovió masivamente a la población’, por lo menos no fue reflejada por los medios, que sí lo hicieron frente a algunos crímenes donde una parte de la sociedad se sintió impulsada a pedir la baja de la imputabilidad de los menores, la pena de muerte y la inmediata reforma al Código Penal.”
Nadie se conmovió entonces, sólo aquellos que siempre se preocupan por el tema y se arriesgan a dar sus opiniones, frente a una sociedad que en general se presenta como insensible a la problemática.
“En esta intención de involucrarnos todos, familia, escuela, organizaciones sociales, Estado, es bueno que nos hagamos ciertas preguntas, que nos permitan acercarnos a esta temática de la cual no podemos estar ajenos:
“¿Cómo responde la sociedad en el marco de su responsabilidad colectiva, frente a los niños/as y jóvenes abandonados a su suerte, víctimas de un contexto social que lo expulsa y lo margina?”
“Niños y jóvenes, que como fue señalado en el encuentro, son víctimas de la negación de sus derechos, excluidos de derechos ciudadanos mínimos, que comienzan por el hambre, siguen por diversos aspectos de sus vidas, al punto que se niega su existencia como personas.”
“Son ‘menores’ y menores nos resultan sus problemas. Como todos los niños y jóvenes, tienen deseos y sueños que no conocemos, que no tienen espacio para expresarse y donde el ejercicio de la violencia, resulta un modo eficiente de reconocimiento social.”
¿Cómo tendríamos que cambiar nuestra mirada y nuestro compromiso, para que fuera posible establecer las condiciones mínimas para que “los sueños, los juegos y los deseos”, de los niños y jóvenes, sean armónicamente compatibles con sus derechos?
Sueños, juegos y deseos de un niño que padece hambre, de un niño que no va a la escuela, de un niño que trabaja, nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasa con los niños cuyos derechos han sido amenazados y violados?
Esta realidad nos plantea o nos debería preguntar: ¿cuáles son las condiciones básicas para que los niños/as y jóvenes tengan la posibilidad al acceso de los derechos, a la libertad y a la dignidad humana?
Es interesante resaltar lo que dice Isabel Fanlo Cortes en la revista “ Justicia y derechos del niño” Unicef 2002, “...a su vez la consideración del niño en tanto sujeto de derechos muestra la aspiración a superar una actitud tradicional de indiferencia que el derecho venía mostrando frente a la minoría de edad, la cual, en el mejor de los casos, era percibida como incapacidad para participar en el sistema jurídico. Los derechos del niño si bien han gozado de una escasa tradición histórica cuando se comparan con los derechos humanos genéricamente entendidos, siguen el mismo y acelerado recorrido, multiplicándose en enunciaciones de principio con un contenido cada vez más variado y sofisticado...”.

No se los considera personas

La autora señala que el derecho mira a los niños/as y jóvenes con cierta indiferencia e “incapacidad” para tener derechos y esa dirección conduce a que sean considerados, no como persona, sino como objeto. La estructura normativa está, pero a veces o muchas veces o la mayoría de las veces, sólo sirven para obstaculizar los sueños, los juegos y los deseos de los niños.
Siguiendo esa línea de pensamiento, es posible, que muchos confundan la ley con el derecho y sobre el particular afirma la abogada y jueza Alicia Ruiz en su libro “Idas y vueltas”: por una teoría crítica del derecho: “El derecho no es sólo la norma, la ley; el derecho es un práctica discursiva, que es social y específica y que expresa los niveles de acuerdo y de conflicto propios de una formación histórico social determinada. El derecho es un discurso social, y como tal, dota de sentido a la conducta de los hombres y los convierte en sujetos. Al mismo tiempo opera como el gran legitimador del poder, que habla, convence, seduce e impone a través de las palabras de la ley. Ese discurso jurídico instituye, dota de autoridad, facultad a decir o a hacer. Su sentido remite al juego de las relaciones de dominación y a la situación de las fuerzas en pugna, en un cierto momento y lugar”.
“Cada vez que el derecho consagra alguna acción u omisión como permitida o como prohibida, está revelando dónde reside el poder y cómo está distribuido en la sociedad.”
“Es un dispositivo de poder que, paradójicamente, al tiempo que legitima las relaciones de poder existentes, sirve para su transformación. Ese dispositivo de poder reserva su saber a unos pocos y hace del secreto y la censura sus mecanismos privilegiados.”
“El poder es tolerable sólo con la condición de enmascarar una parte importante de sí mismo, para el poder el secreto no pertenece al orden del abuso, es indispensable para su funcionamiento.”
Todos sabemos luego de largas luchas, que tanto las leyes nacionales y provinciales se han adecuado a la Convención de los Derechos del Niño y que están consagrados en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994.
El tema radica en la efectividad de las mismas, en su aplicación, porque el derecho se tiene cuando se ejerce, no hay otra forma de experimentarlo ni de ejercerlo.
La niña y el niño, se reconocen como personas, en la medida que pueden ir ejerciendo sus derechos, la familia, la escuela, la sociedad, el Estado, deben establecer las condiciones para la construcción de espacios donde el niño/a puedan encontrarse con valores, aprender y aprehenderse y ser partícipes de su propia existencia.
El Estado es el máximo responsable de establecer los parámetros que faciliten esa construcción, porque en una sociedad de desiguales, sobrevive el más apto, y en esa contradicción entre democracia y el poder funcional, entre la insuficiencia de la igualdad ante la ley y el reconocimiento de las diferencias, es necesario un poder relevante que coloque las cosas en sus respectivos lugares.

Si no hay inclusión social...

Cuando no se establecen las condiciones de inclusión social, los sueños, los deseos y los juegos se pierden, provocando situaciones de frustración, de desamparo, de hostilidad y de violencia.
Cuando los niños/as pierden la oportunidad, de soñar, de desear, de jugar, de ir a la escuela, de tener una familia, de comer todos los días, se produce desazón, engaño en ellos, una violencia social, sin la reparación adecuada.
“Los excluidos frente a esa realidad, pretenden sobrevivir y procuran sus propios mecanismos y estrategias de sobrevivencia.”
Cuando afirmamos que la ley, es un dispositivo de poder, que legitima y transforma, en los casos de exclusión de los derechos básicos de los niños/as y jóvenes, es ese poder, el que está en el marco de la ilegalidad, en esas circunstancias, es el Poder Judicial, el que está llamado a plasmar la legitimidad de los derechos consagrados en las normas, ése es el denominado equilibrio de los poderes, que debe garantizar un estado social de igualdad y justicia.
Afirma Ruiz : “No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan los derechos”.
(Continúa en una próxima edición)

(*) Titular de la APDH, Delegación San Martín