Las organizaciones y personas reunidas en Villa María con motivo del II Congreso Nacional del Interior contra la Trata y Tráfico de Personas reafirmaron lo que se expresó en el Congreso del preinforme de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre trata de personas, las investigaciones realizadas por las organizaciones no gubernamentales durante el último año, los dictámenes del INADI y los procedimientos adelantados por la AFIP, confirman el diagnóstico presentado en el evento llevado a cabo en 2010 en la Casa de la Familia de esta ciudad.
Al respecto, mencionaron que “el dispositivo institucional diseñado desde el Ministerio de Justicia de la Nación para el combate contra la Trata de Personas y la asistencia a las Víctimas, estando integrado por personas denunciadas penalmente por colaborar con las redes de trata o por mal desempeño de sus funciones, es un obstáculo a la lucha contra al crimen organizado y, lejos de desalentarlo, facilita su accionar”.
Indicaron que “se sigue presentando una situación de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que afecta a cientos de miles de personas altamente vulnerables: mujeres, adolescentes, niños, niñas y migrante, internos e internacionales, incluyendo hombres. Frente a esta crisis, el Estado no cumple acabadamente con los deberes de garantía y respeto de los derechos humanos. Esta situación ha sido ampliamente denunciada por las organizaciones presentes, es conocida por las autoridades y, en consecuencia, la inexistencia a la fecha de un Plan Nacional de Combate contra la Trata de Personas y de Asistencia y Protección a las víctimas es signo de la existencia de una aquiescencia estatal”.
También subrayaron en el pronunciamiento que “los niveles de impunidad en las causas relacionadas con la trata son excesivamente elevados. Así, frente a un número que supera las 2.000 personas rescatadas por las autoridades, tan sólo 20 causas (aproximadamente) han obtenido sentencias condenatorias, con penas muy bajas y sin que, a la fecha, se haya condenado a funcionario público alguno. La inadecuación de la Ley 26.364, sumada a la corrupción entre las fuerzas de seguridad, a la impotencia del Poder Judicial permite afirmar que los remedios judiciales no resultan oportunos, eficaces y eficientes en los casos de trata en la República Argentina”.
Advirtieron además que el “patrón de ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos que trabajan contra la trata de personas llegó al extremo de que el propio jefe del Gabinete de ministros, doctor Aníbal Fernández agrediera públicamente en una sesión plenaria del Congreso de la Nación que estaba siendo televisada, a defensores y defensoras que se habían atrevido a denunciar internacionalmente el estado de cosas reinante”.
Ante este cuadro, las organizaciones exigen:
• “Que (los funcionarios) hagan honor a los compromisos asumidos con la sociedad civil y, con la celeridad debida, permitan el tratamiento en sesión plenaria de la reforma de la actual Ley 26.364 de Trata de Personas.”
• “Que se revean los dictámenes finales a los que se arribaron y modifiquen las figuras penales relacionadas con este delito, superando el Protocolo de Palermo, y adaptando la figura delictiva a las convenciones internacionales de Derechos Humanos ratificadas por Argentina, especialmente las referidas a la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y la explotación de la prostitución ajena y aumenten las penas en consonancia con la gravedad del delito. Ello a fin de superar la impunidad reinante, evitando distinciones artificiales que terminan generando problemas de competencia, dilaciones y obstaculizando las investigaciones. La trata de personas es un delito complejo que abarca no sólo la captación, el reclutamiento, el traslado y la acogida de personas con fines de explotación, sino también la explotación en sí misma. La trata de personas es una moderna forma de esclavitud que debe explicarse y tipificarse en función de la definición de esclavitud universalmente aceptada, considerada un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario.”
• “Que salden una deuda constitucional que data de 1853, y tipifiquen como delito la compra y venta de seres humanos, prestando especial atención a la temática de la trata de bebés y al derecho de las personas a conocer su identidad. En este sentido es imperioso preservar el Banco de Datos Genéticos y permitir el acceso gratuito a quienes buscan su identidad o a los familiares que buscan a los hijos e hijas de las víctimas de trata que han sido apropiados por los tratantes y apropiadores.”
• “Que incorporen mecanismos ágiles y sumarios para la incautación y decomiso de los bienes habidos ilícitamente, producto de la trata de personas e incorporen medidas para detectar y evitar el lavado de activos. Que dispongan la creación de un Fondo Especial contra la trata de personas que administre los bienes incautados y los destine exclusivamente a la asistencia y reinserción social de las víctimas. Es esencial también, dotar al país de más y mejores herramientas para el combate contra el crimen organizado que deberían incluir reformas al Código Procesal Penal de la Nación.”
• “Que incorporen la inhabilitación absoluta y permanente para ejercer cargos públicos para los funcionarios/as públicos que hayan sido condenados por trata de personas o esclavitud, como autores o partícipes necesarios.”
• “Que dispongan la integración de un comité o comisión Federal contra la Trata de Personas en que exista un equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo (representado por los partidos de oposición) y Judicial, brindando una mayor participación al Ministerio Público Fiscal y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática de la trata de personas.”
• “Que creen en forma urgente por ley un Programa Nacional de Combate contra la Esclavitud y Asistencia y Protección a las Víctimas.”


Algunos datos

Unas mil personas asistieron al evento, desarrollado en el marco de un fuerte operativo de seguridad. Hubo 55 panelistas.
No concurrió ninguna autoridad del municipio ni tampoco de la oposición. Fueron invitados miembros del Gobierno, pero no asistieron.
Sí estuvieron presentes representantes de municipios de Chaco, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero y de pueblos de la región. También, de Divisiones de Trata. Hubo más organizaciones (300 en total) que agentes de seguridad. Se notó la presencia de muchas monjas. El cardenal Jorge Bergoglio envió una carta de apoyo y también lo hizo el obispo local, José Rovai, quien estaba en Buenos Aires.
Los organizadores lo consideraron un éxito.