Las decenas de organizaciones que firmaron el documento con las conclusiones del Segundo Congreso Nacional del Interior del País contra la Trata y la Explotación de Personas, que se llevó a cabo el jueves y viernes pasado en la Sociedad Rural de Villa María, demandaron que “se revise la situación de policías que han sido cesanteados o separados de sus cargos por investigar las redes de trata de personas y se brinde protección y facilite la denuncia de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos que quieran brindar su testimonio o denunciar causas de trata de personas”.
También reclamaron que se “suspendan de sus cargos y permitan que se juzgue a Jorge Omar Fernández, y los policías que revistaban o revistan en la división Trata de Personas de la Policía Federal y que fueron denunciados penalmente en casos relacionados con la trata de personas, así como a policías y funcionarios públicos de las distintas provincias y la Nación que fueron y sean denunciados penalmente por su participación en casos de trata, por ser partícipes necesarios para la comisión del delito o por obstaculizar la acción de la Justicia en estos casos”. “Ello sin perjuicio de las acciones administrativas que pudieran corresponderles”, añadieron.
Las entidades también pidieron que “en vista de los altos niveles de impunidad que se presentan” en estos hechos, el Congreso de la Nación “disponga la creación de una comisión Parlamentaria Especial que investigue la situación e informe a la sociedad sobre las razones por las cuales los mecanismos judiciales no resultan eficientes, eficaces y oportunos”.
Además, solicitaron “que se apoye la acción de los defensores y defensoras de derechos humanos que combaten la trata de personas, se generen mecanismos especiales de protección para los mismos y se sancione a los funcionarios y funcionarias que agreden, atacan, amenazan, discriminan, ponen trabas administrativas, realizan inteligencia o interfieren con la correspondencia, los teléfonos y los computadores de las organizaciones que, respetando la constitución y las leyes, ejercen una labor desinteresada y necesaria en la temática de la trata de personas”.

Asistencia y protección

Como se adelantó en la edición de ayer, uno de los puntos principales del fuerte pronunciamiento de las organizaciones se relacionó con la creación en forma urgente, por ley, de un “Programa Nacional de Combate contra la Esclavitud y Asistencia y Protección a las Víctimas”. En este aspecto, pidieron que el mismo contenga “estándares mínimos de protección y asistencia integral, que aseguren la reinserción social de las víctimas y garanticen la no repetición de las violaciones sufridas” y advirtieron que “en ningún caso la asistencia y protección podrán estar condicionadas a la participación de las víctimas en el proceso judicial contra el tratante”.
El Programa Nacional debe incluir, además, un “mecanismo de seguimiento” de las personas tratadas que hayan escapado o hayan sido rescatadas, “que pueda ser supervisado por organismos de control y por las organizaciones de la sociedad civil”.
“Las organizaciones sociales y los organismos estatales desconocen cuál ha sido el destino y en qué situación se encuentran la mayoría de las, aproximadamente, dos mil personas que el Estado ha rescatado. Se desconoce si las mismas han sufrido represalias, si han vuelto a ser captadas por las redes o si se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que las ponen nuevamente en riesgo”, revelaron. Las organizaciones acordaron mantenerse desde el viernes pasado en estado de alerta y movilización y haber “reservado el derecho de implementar medidas coordinadas y en red a fin de visibilizar ante la sociedad nuestros reclamos” expuestos en esta declaración “en caso de que nuestras demandas no sean tenidas en cuenta”.