Días atrás, en la ciudad de Córdoba, en ocasión de realizarse el “Primer Congreso Latinoamericano sobre Código de Faltas, Seguridad y Derechos Humanos”, un grupo de referentes de los Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales (VACAP), presentó el trabajo de investigación titulado "La criminalización de los jóvenes de sectores populares en la ciudad de Villa María y la región".
La ponencia dada a conocer en el evento organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Jurídicas (Inecip) que se llevó a cabo en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba, recopila, analiza y concluye acerca de casos de violencia judicial y policial sucedidos desde 2008 hasta 2010.
Las autoras del documento, Alejandra Peano y Derna Montero, consideraron que “en los últimos años, la palabra (in)seguridad, sentimiento de inseguridad o datos concretos de aumento en las tasas de delitos han repercutido en la agenda pública y en las políticas adoptadas para abordar la problemática”.
En el resumen de su labor investigativa, Montero y Peano agregan que “la Doctrina de Tolerancia Cero tuvo una fuerte repercusión en la provincia de Córdoba, donde los fundamentos de la doctrina se visualizan en el acuerdo establecido en el año 2004 entre el gobernador Juan Manuel de la Sota, la “Fundación Axel Blumberg” y el “Manhattan Institute for Policy Research de Estados Unidos”. Dicho acuerdo implicó medidas de cortes represivas y selectivas sobre un determinado grupo social”.
“Así, se incorporaron más agentes de seguridad en las fuerzas policiales a la vez que aumentaron las detenciones por contravenciones”, agregaron en este sentido.
“El Código de Faltas, Ley 8431, es denunciado por su carácter inconstitucional y la arbitrariedad que permite dicha ley para efectuar detenciones”, también esgrimen en su planteo.
“En este sentido es que el discurso de inseguridad ocluye las redes del conflicto, frente a la inseguridad de poder acceder a educación, empleo y salud el Estado responde con políticas penales selectivas, donde el grupo social más castigado son los jóvenes de sectores populares a los que se los construye como los portadores de peligrosidad”, subrayan las representantes del grupo que a continuación relatan su génesis.
“Así, en setiembre de 2008, se constituye como colectivo un grupo de Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales (VACAP), teniendo como objetivo principal denunciar los abusos de autoridad por parte de las fuerzas policiales”, remarcaron.
“A su vez, el periódico local (EL DIARIO) también se constituyó como lugar de denuncia, donde distintos actores acuden a denunciar y buscar protección en la opinión pública frente a la violencia institucional por parte del poder represivo”, acotaron Derna y Alejandra.
“De este modo, nos parece importante tratar de problematizar y describir los abusos de autoridad a los que se ven expuestos los jóvenes de sectores populares de la ciudad de Villa María”, redondearon las integrantes del grupo vecinal.

Los cuerpos del castigo

“Las políticas selectivas-represivas por parte del Estado es una de las políticas más visibles que ejerce el poder como política sobre los cuerpos”, aportan las autoras del material puesto a consideración de los asistentes al Congreso.
“En la ciudad de Villa María, la que cuenta con 88.643 habitantes, se realizaron en el año 2008, 2.725 detenciones por contravenciones y en el año 2009, se efectuaron 2.362 arrestos, donde los artículos en los que mayor se presenta detenciones es por la figura de merodeo, escándalo en la vía pública y negativa u omisión a identificarse”, reverenciaron.
“A la vez que, considerando el informe elaborado por Coria, A. y Etchechurry, H. (2010) en toda la provincia de Córdoba, la Policía efectuó 54.223 arrestos, donde cerca de la mitad (un 49%) afectaron a jóvenes menores de 25 años. Las detenciones por edad se distribuyen aproximadamente del siguiente modo: 44% son jóvenes entre 18 y 25 años, 20;8% entre 26 y 35; más de 45 años, el 17,4%; de 36 a 45 años, el 8,7%, y menores de 18 años, el 5,2%.
“Los datos dan cuenta de la edad de la población que selectivamente el Estado castiga, pero que se solapa con condiciones sociales y económicas. Los jóvenes a los que acompaña la organización VACAP para realizar las denuncias tanto frente a la violencia policial, como por detenciones arbitrarias proceden de los barrios Roque Sáenz Peña, Las Acacias, General Roca, San Nicolás, Los Olmos, San Martín, Nicolás Avellaneda, Felipe Botta, San Juan Bautista, San Justo, Carlos Pellegrini, Las Playas, Centro y también de las localidades de Villa Nueva, Las Perdices y Ballesteros”, resalta el texto de la ponencia.
“En este sentido, teniendo en cuenta los datos proporcionados por el ‘Centro Estadístico Regional de la Municipalidad de Villa María’ (Cermvm) en base a los datos del censo de 2001, los barrios Carlos Pellegrini, Felipe Botta, Nicolás Avellaneda y Los Olmos presentan hogares con más del 40% de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). A su vez, los barrios las Acacias, Sáenz Peña, General Roca, San Martín, San Nicolás, y Las Playas, presentan hogares con menos del 40% de NBI”, indicaron.
“A su vez, la mayoría de los jóvenes son varones, pero la violencia también es ejercida sobre el género femenino, donde una niña de 13 años fue baleada por la Policía, a la vez que otra niña la golpearon brutalmente en un pie que tenía operado causándole la inmovilidad del mismo. La violencia tanto física como simbólica que se ejerce sobre el cuerpo individuo, subjetivo y social, tiene su complicidad en el poder, tanto el saber médico ya sea profesional de la salud de la institución policial como profesionales de la salud que atienden personas violentadas por la Policía, no informan correctamente los daños físicos. Esta complicidad también se da en el saber de la Justicia, lejana y extraña ya en su mismo lenguaje, donde los familiares pasan horas recorriendo fiscalías sin respuestas o sin que le den curso a sus denuncias”, se acota a renglón seguido.
“Por otro parte, es relevante resaltar que recurrentemente las detenciones se producen camino al trabajo, donde los jóvenes varones se dedican a trabajos en la construcción como albañiles, herreros, colocación de aire acondicionados o en supermercados.
En este sentido, tanto las denuncias que se presentan en EL DIARIO como las denuncias que da a conocer la organización VACAP, tienen como víctimas del Estado Penal a los jóvenes-pobres-de los barrios y en su mayoría varones”, aseguran las autoras.
“De este modo, hay una construcción negativa con respecto a la condición de ser joven de sectores populares que los marca como posibles ‘sospechosos’. En este sentido, “los signos de selección victimaria no significan la diferencia sino la in-diferencia que introduce el desorden en dicho sistema. Así, contrariamente a lo que se repite desde la idea de discriminación: nunca es la diferencia lo que obsesiona a los perseguidores, sino su inefable contrario, la in-deferenciación. No es que veamos otro nomás o ley en el otro, sino la anomalía, no vemos en él otra norma sino la anormalidad.” (Boito y Levstein, 2005:14)
“Las detenciones arbitrarias no sólo restringen la posibilidad de circular libremente por la ciudad, sino que también algunos jóvenes optan por irse a vivir a otra ciudad”, afirman Montero y Peano.

Esbozo de conclusión

“El presente trabajo, intenta ser una contribución para un debate que se debe la sociedad con respecto a la problemática seguridad-inseguridad, en este sentido dejamos algunos interrogantes abiertos con respecto a qué consideramos por seguridad”, remarcaron las integrantes de la VACAP.
“El aumento en los últimos años tanto de patrullajes por la ciudad, como de agentes policiales no nos han indicado una baja en las tasas de delito pero sí se hacen cada vez más presentes los casos de violencia policial y de masivas detenciones arbitrarias para justificar la ‘eficacia policial’ ”, aseguraron.
En este sentido, Emilio Sevesso, señala “mientras esta práctica se ha tendido a naturalizar en las formas del accionar policial, socialmente se han vuelto cada vez más aceptadas y toleradas bajo la re-producción de un extendido juego imaginario sobre la denominada inseguridad.
En primer lugar, la construcción de una sensibilidad creada en torno a un permanente riesgo personal y colectivo (miedo siempre, miedo en todas partes) que se co-constituye - como ya lo sabemos - por incidencia de los medios de comunicación, el juego político y los mitos urbanos.
En segunda instancia, la creación de un fantasma que se impone como encarnación de los miedos (la pobreza, la juventud) y de una fantasía que la complementa como canal que vehiculiza una solución plausible (la política pública de seguridad y su complemento privado). De este modo se produce la sensación de que se lucha contra la inseguridad y de que se lo hace en la medida justa”, sintetiza Sevesso.
Haciendo pie en la aseveración anterior, las ideólogas del documento dicen: “De este modo, el Estado castiga selectivamente a los jóvenes de sectores populares, restringiéndole sus posibilidades de acción, no sólo de circular libremente por la ciudad, sino que también pierden sus trabajos. En este sentido, hay que dar una fuerte batalla deconstruyendo los significados que se le dan a la condición de juventud anclados en situaciones de pobreza a quienes se les atribuye tanto por parte del Estado como legitimado socialmente, portadores de peligrosidad”.
“A la vez que son necesarias leyes democráticas que permitan un control de la sociedad civil frente a las instituciones punitivas. Es importante la lucha que se viene gestando de las organizaciones antirepresivas de carácter nacional y provincial, ya que es un indicio esperanzador de la no naturalización de la violencia. Como así también, la lucha que cotidianamente realizan los padres de los jóvenes violentados por la Policía ante la corrupción del poder”, concluyeron.