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25 de Mayo de 2011
Ramón Oliva, interno del penal de barrio Belgrano, anunció, mediante una carta acercada a nuestra Redacción por integrantes de Vecinos Autoconvocado C
Detectaron evasión por más de 100 millones en venta de granos
Los operativos realizados en la ciudad, con intervención de la Justicia Federal local y la AFIP, arrojaron resultado negativo. Además, hubo procedimientos en Laguna Larga, Bell Ville, Río Tercero, Pilar y Córdoba capital. Hay dos personas detenidas
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Dos personas fueron detenidas en Córdoba en un operativo conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Justicia Federal, realizado por maniobras fraudulentas que involucran evasión por más de 100 millones de pesos en la comercialización de granos y cereales, indicaron fuentes judiciales y de la propia Administración FEderal de Ingresos Públicos.

Facturas “truchas”

De acuerdo con los datos suministrados por la AFIP, la "asociación ilícita" se dedicaba a la creación, comercialización y utilización de facturas y comprobantes apócrifos destinados a facilitar la evasión de tributos en ese circuito de venta.
La organización operaba desde las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar mediante el funcionamiento, la logística y el "armado" de una banda dedicada a generar facturas apócrifas, que evadió casi 100 millones de pesos.
Hasta el momento, producto de los 16 allanamientos realizados, hay dos personas detenidas, a disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

En Villa María...

En cuanto a los operativos realizados en esta ciudad, Laguna Larga y Río Tercero, ciudades pertenecientes a la jurisdicción del Juzgado Federal de Villa María, desde esa repartición judicial se indicó que “fueron allanados dos domicilios en esta ciudad y en ambos, el resultado fue negativo. Las oficinas a las que acudió el personal autorizado estaban cerradas. En Laguna Larga, asimismo, fueron allanados dos domicilios, de los que se secuestró documentación, al igual que en la ciudad de Río Tercero, donde se requisó un domicilio del que se incautó documentación. Todo lo secuestrado fue remitido a Córdoba, al Juzgado del doctor Sánchez Freytes, de donde se nos solicitó la colaboración”, pormenorizó la fuente judicial consultada.

Todo empezó con escuchas

El organismo recaudador precisó que la investigación comenzó a partir del cruce de información realizado entre las bases informáticas de la AFIP y las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia, datos de los que luego surgieron los allanamientos.

Los simuladores

El mecanismo fraudulento consistía en la simulación de cuantiosas compras y ventas de granos, y la banda generó falsos créditos fiscales y saldos de libre disponibilidad en IVA a nombre de las empresas “fantasma” creadas por ellos. Luego, comercializaba a un alto precio los ficticios montos generados.
De esta manera, en poco más de un año sólo una de las usinas de facturas falsas creadas por la banda generó operaciones marginales por más de 58 millones de pesos.
En el mismo período, otra de las empresas a nombre de contribuyentes apócrifos “facturó” ventas por 430 millones de pesos, mientras que una tercera efectuó operaciones falaces por más de 320 millones de pesos.
La evasión descubierta equivale a 429 mil toneladas de cereal comercializado en forma marginal, es decir 14.310 camiones con sus respectivas cartas de porte.

Cinco empresas fantasma

En la operatoria se encontrarían involucradas cinco empresas fantasma, tres asesores, un facilitador y cuatro prestanombres.
En los procedimientos participaron más de un centenar de agentes de la AFIP, junto con la Policía Federal Argentina y la Policía cordobesa.
A la banda se le imputa la creación de facturas falsas a nombre tanto de personas físicas como de personas jurídicas.
La organización estaría integrada tanto por sujetos particulares que se dedicarían a comercializar los comprobantes falsos aludidos, como profesionales de ciencias económicas quienes también participarían en las maniobras observadas.

Las penas que prevé la ley

La Ley 24.769 prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para el delito de “asociación ilícita fiscal”. Para quienes resulten ser jefe y organizador, la pena mínima se eleva a cinco años de prisión. En todos los casos, no son excarcelables.

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